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Centros Especiales de Empleo

Centros Especiales de Empleo

Empleo Discapacidad

La nueva legislación de contratación pública vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad.

  • La nueva regulación sobre contratación pública para los llamados sectores especiales, que complementa la general aprobada en 2017, vuelve a excluir a más de la mitad de entidades dedicadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

 

Madrid, 12 de febrero de 2020. El Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue mostrando su gran preocupación en materia de acceso a la contratación pública, especialmente en lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, representados por uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE).

 

La semana pasada se publicaba en el BOE, el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Esta nueva normativa, igual que la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, reitera los contratos reservados a los Centros Especiales de Empleo pero repite haciéndolo solamente a favor de los considerados de iniciativa social; hecho totalmente discriminatorio e intolerable para el resto de CEE, los cuales suponen nada más y nada menos que más de la mitad de estas entidades en España.

 

A tal efecto, cabe recordar que toda la legislación sobre contratación pública ha sido motivada por las Directivas Europeas sobre la materia. Y en ellas nada se dispone sobre la grave diferenciación entre Centros Especiales de Empleo y la subcategoría de Iniciativa Social; una diferenciación que pone en peligro más de 50.000 puestos de trabajo de personal con discapacidad debido a la manifiesta exclusión en concursos públicos. En la normativa europea únicamente se exige en los contratos reservados que el objeto principal de estas entidades sea la integración social y profesional de personas con discapacidad, así como que el 30% de los empleados sean trabajadores con discapacidad.  Estas condiciones se dan de forma evidente e irrefutable en todos los Centros Especiales de Empleo, sin que sea lícito que se establezca una exclusión que sólo tiende a privilegiar a entidades muy concretas, a limitar las posibilidades de empleo de personal con discapacidad y, en definitiva, a deformar todo el sistema de promoción de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

 

Esta terrible situación vuelve a perpetuarse en una nueva Ley aprobada mediante Real Decreto Ley, cuya extraordinaria y urgente necesidad se basa en evitar más sanciones a España por su tardía transposición. Sin embargo, las garantías democráticas y parlamentarias no pueden ser evitadas a toda costa, cuando de ello se pueden producir consecuencias como la repetición de una devastadora praxis legislativa para el empleo protegido.

 

Y menos aún cuando el Ejecutivo es perfectamente conocedor de que hay en curso una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la transposición realizada por España en la primera Ley de Contratos de Sector Público, concretamente la reserva excluyente y solo a favor de la Iniciativa Social, se ajusta o no al Derecho de la Unión Europea y a sus principios en materia de contratación pública como son los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.

 

Debido a las constatadas dificultades que desgraciadamente sufren las personas con discapacidad para acceder al mundo laboral, el sector lamenta profundamente y condena enérgicamente que estas personas sufran una nueva discriminación dentro de los Centros Especiales de Empleo. Resulta paradójico que pese que unos y otros Centros realizan la misma función, son diferenciados por su titularidad,  forma o su origen. Una diferenciación carente de sentido legal y humano y que vuelve a olvidar la verdadera prioridad de los CEE:  integrar en el ámbito sociolaboral al máximo de personas del colectivo de la discapacidad sin exclusiones.

CEDDD solicita al Gobierno estar presente en la Mesa de Diálogo sobre la subida del SMI

  • El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia integra sindicatos y patronales representativas del empleo para las personas con discapacidad.

Madrid, 31 de enero de 2020. El Gobierno ha emplazado a acordar en el marco del diálogo social el incremento del SMI en 2020, anunciando hace unos días que crearía una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI.

Como esta entidad ya manifestó el pasado año en el histórico aumento en el SMI del 22,3%, son positivas todas aquellas medidas en favor de los trabajadores y sus derechos laborales. Sin embargo, no puede olvidarse que estas medidas deben realizarse de forma progresiva y de forma sostenible, sin olvidar el impacto que las mismas tienen en uno de los colectivos más vulnerables del mercado como son las personas con discapacidad, un colectivo que está caracterizado por una baja participación en el mercado de trabajo y por las discriminaciones debido a que esta parte de la ciudadanía sufre tasas de pobreza más elevadas que la media en España, percibiendo un salario inferior al de las personas sin discapacidad.

Por ello, es fundamental que el Ministerio de Trabajo emplace a entidades como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia a participar en la Comisión Asesora para poder elaborar una estrategia de Diálogo Social que respete los derechos e intereses de las personas con discapacidad. Cabe recordar que el CEDDD tiene como socios a importantes entes como la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), entidad más antigua y representativa de los CEE de iniciativa privada, así como varios sindicatos representantes de los trabajadores con discapacidad como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE). Una representatividad de carácter transversal e inclusivo de todos los agentes involucrados en el empleo para la discapacidad que hacen que esta organización y sus entidades merezcan ser escuchadas en la Mesa de Diálogo Social del Gobierno.

Y así lo ha ido demostrando en sus diferentes reclamos sobre el empleo como, por ejemplo, las discriminaciones sobre los trabajadores con discapacidad de Centros Especiales de Empleo, discriminados salarialmente -como resultado del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad; y cuyos puestos de trabajo están también en serio peligro ante las restricciones impuestas a la operativa de esas entidades excluyendo  a la mayoría de CEE de los contratos reservados de la contratación pública. Esto podría abocar al cierre a muchos de esos Centros y la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo.

Desde el sector de la discapacidad siempre se ha acogido muy positivamente el incremento del SMI; al ser sus entidades generadoras de empleo para este colectivo es importante contar con su opinión experta en la Comisión Asesora, así como acompañar al aumento del SMI medidas que incrementen el apoyo a todos los centros especiales de empleo que generan puestos de trabajo para personas con discapacidad.

CEDDD firma un acuerdo de colaboración con UTCEE

  • Ambas entidades formalizan este acuerdo para defender los derechos laborales de las personas con discapacidad.
  • El principal sindicato de trabajadores en Centros Especiales de Empleo comparte y representa los valores fundacionales de CEDDD

Madrid, 30 de mayo de 2019. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha rubricado un convenio de colaboración con el sindicato Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE) con el objetivo general de establecer cauces de colaboración entre ambas instituciones en materia de promoción, seguridad y calidad del empleo protegido.

Tanto Sergio Pascual, Secretario General de la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE) como Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), consideran de gran relevancia establecer estas líneas de colaboración que redunden en beneficio de los trabajadores con alguna discapacidad. Asimismo, otro objetivo de este acuerdo es el de proveer de las condiciones idóneas para que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral.

Albert Campabadal (izq.) y Sergio Pascual (der.)

El sindicato UTCEE nace en 2008 con el propósito de dignificar el sector de los Centros Especiales de Empleo. UTCEE es el primer sindicato creado por y específicamente para trabajadores que presten sus servicios en Centros Especiales de Empleo. De esta forma, UTCEE trata de defender de forma adecuada los intereses de los trabajadores, velando por la igualdad de oportunidades.

El trabajo es un elemento esencial para conseguir la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad y una de las formas más importantes de promover su autonomía y desarrollo personal, por lo que estos Centros Especiales de Empleo son un elemento clave para hacerlo real y efectivo. Un modelo reconocido unánimemente de éxito y que por otra parte, ha demostrado su sostenibilidad e impacto especialmente, por ser un reconocido medio para el empoderamiento de este colectivo. Este acuerdo tiene especial trascendencia además por encontrarse la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) entre los socios estratégicos de CEDDD; lo cual permitirá una mejor adecuación y calidad para los trabajadores con discapacidad al confluir entidades tan importantes bajo un mismo foro común como es el CEDDD.

Con estas alianzas, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) continua con su compromiso para que la situación de las personas con discapacidad mejore, especialmente en el ámbito laboral, derribando barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a un trabajo digno.

La importancia de los Centros Especiales de Empleo en la Economía Social

  • Una proposición no de ley pone en duda a los Centros Especiales de Empleo pese a su gran función social e integradora de las personas con discapacidad.

Madrid, 18 de marzo de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue trabajando y apoyando el empleo de las personas con discapacidad, especialmente en lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, representados por uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE). Esta importante organización de ámbito estatal con casi 20 años de historia que representa el 70% de los centros especiales de empleo en España y a más de 50.000 trabajadores con discapacidad.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de ERC enmendada con el PSOE para controlar a los Centros Especiales de Empleo. Según sus portavoces algunos Centros se han desviado de su labor social para irse transformando en “mero beneficio empresarial” así como que se debe controlar la  “cesión ilegal de trabajadores” que realizan y por ello es necesario realizar “una campaña antifraude y control financiero” por las subvenciones recibidas. Unas afirmaciones gratuitas que en nada se ajustan a la realidad.

Ante el incumplimiento generalizado de la cuota de reserva de contratos para personas con discapacidad en el mercado ordinario, es fundamental el papel de los Centros Especiales de Empleo. Estas entidades tienen como objetivo principal proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Hablamos de una figura que da respuesta a una demanda real, la del derecho fundamental del trabajo para las personas con discapacidad.

En ese sentido, es conocido que los CEE reciben ayudas y bonificaciones con la finalidad de lograr esa necesaria inserción laboral. Si se conoce alguna ilegalidad respecto al trabajo de los centros especiales de empleo hay que denunciarla sin lugar a dudas. No obstante, la actividad de  estos Centros está sometida ya a múltiples controles como pueden ser Inspecciones de Trabajo, control por parte de la Consejería de cada CCAA o el propio control tributario de Hacienda. Estas graves iniciativas parlamentarias que expresan en términos generales una desviación de la función de los CEE, nacen del desconocimiento de la realidad de los CEE y se mancha gravemente la imagen de muchos trabajadores y, también, la de los empleadores que dan su vida por la integración de estas personas.

Así pues, el CEDDD rechaza completamente la aprobación de este tipo de iniciativas basadas en afirmaciones que carecen las mismas de todo conocimiento y sensibilidad respecto la gran  labor que realizan los Centros Especiales de Empleo cuya prioridad no es otra que la integración laboral del colectivo de la discapacidad. Un colectivo que desgraciadamente ya ha sufrido bastante como para verse ahora retroceder tan gravemente  en su derecho al trabajo.

La importancia de los Centros Especiales de Empleo en la Economía Social

  • Una proposición no de ley pone en duda a los Centros Especiales de Empleo pese a su gran función social e integradora de las personas con discapacidad.

Madrid, 18 de marzo de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue trabajando y apoyando el empleo de las personas con discapacidad, especialmente en lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, representados por uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE). Esta importante organización de ámbito estatal con casi 20 años de historia que representa el 70% de los centros especiales de empleo en España y a más de 50.000 trabajadores con discapacidad.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de ERC enmendada con el PSOE para controlar a los Centros Especiales de Empleo. Según sus portavoces algunos Centros se han desviado de su labor social para irse transformando en “mero beneficio empresarial” así como que se debe controlar la  “cesión ilegal de trabajadores” que realizan y por ello es necesario realizar “una campaña antifraude y control financiero” por las subvenciones recibidas. Unas afirmaciones gratuitas que en nada se ajustan a la realidad.

Ante el incumplimiento generalizado de la cuota de reserva de contratos para personas con discapacidad en el mercado ordinario, es fundamental el papel de los Centros Especiales de Empleo. Estas entidades tienen como objetivo principal proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Hablamos de una figura que da respuesta a una demanda real, la del derecho fundamental del trabajo para las personas con discapacidad.

En ese sentido, es conocido que los CEE reciben ayudas y bonificaciones con la finalidad de lograr esa necesaria inserción laboral. Si se conoce alguna ilegalidad respecto al trabajo de los centros especiales de empleo hay que denunciarla sin lugar a dudas. No obstante, la actividad de  estos Centros está sometida ya a múltiples controles como pueden ser Inspecciones de Trabajo, control por parte de la Consejería de cada CCAA o el propio control tributario de Hacienda. Estas graves iniciativas parlamentarias que expresan en términos generales una desviación de la función de los CEE, nacen del desconocimiento de la realidad de los CEE y se mancha gravemente la imagen de muchos trabajadores y, también, la de los empleadores que dan su vida por la integración de estas personas.

Así pues, el CEDDD rechaza completamente la aprobación de este tipo de iniciativas basadas en afirmaciones que carecen las mismas de todo conocimiento y sensibilidad respecto la gran  labor que realizan los Centros Especiales de Empleo cuya prioridad no es otra que la integración laboral del colectivo de la discapacidad. Un colectivo que desgraciadamente ya ha sufrido bastante como para verse ahora retroceder tan gravemente  en su derecho al trabajo.

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