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Dignidad

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El Congreso aprueba por unanimidad el voto de personas con discapacidad intelectual

  • A partir de la entrada en vigor de la nueva reforma, las personas a las que se les hubiese limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad podrán ejercer su voto.

Madrid, 19 de octubre de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) aplaude que el Congreso de los Diputados haya aprobado el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que garantice el derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Tras su aprobación, la propuesta de reforma llegará al Senado para la inclusión, o no, de enmiendas.

En España, hasta el momento, carecían de derecho a voto las personas «incapaces en virtud de sentencia judicial firme» así como «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».

En este sentido, y a partir de la entrada en vigor de la Ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  significa que toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.

El dictamen fue ratificado por unanimidad el pasado 10 de octubre en la Comisión Constitucional, a raíz de la proposición de ley que presentó la Asamblea de Madrid en julio de 2017 tras las directrices que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recomendó a España en 2011. Entre ellas, este órgano de la ONU solicitó revisar «toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás». Y, para ello, el Comité pidió al Estado modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica núm. 5/1985, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar«.

Así pues, España será el octavo país de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a la hora de votar. Austria, Croacia, Holanda, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido suprimieron antes esta barrera que impedía votar a una parte de sus ciudadanos. Esta iniciativa legislativa permitirá votar a las 100.000 personas con discapacidad intelectual que hasta ahora no podían hacerlo.

El Senado acuerda por unanimidad eximir de los peajes a las personas con movilidad reducida

  • La iniciativa plantea una reforma de la Ley de Carreteras para ampliar a las personas con movilidad reducida la exención de los peajes de los que ya se benefician otros colectivos como Fuerzas Armadas o servicios de emergencia y los vehículos eléctricos en determinadas zonas.

Madrid, 14 de setiembre de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) celebra que el pasado miércoles todos los grupos respaldaron la proposición de ley, consistente en eximir del pago del peaje en autopistas a los vehículos de personas con movilidad reducida,  con lo que comienza el correspondiente trámite parlamentario de la iniciativa.

La ausencia de accesibilidad de los sistemas de transporte público lleva a las personas con discapacidad a hacer un uso más intensivo del vehículo privado, con el desembolso añadido que eso supone. Este sobrecoste debe verse compensado con medidas como la exención de peaje de las autopistas, que son concesiones del Estado.  Esta medida se inscribe dentro de las políticas de discriminación positiva a las que están obligados los poderes públicos para favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Dicha reforma legal que pretende declarar exentos de pago a los vehículos de personas con movilidad reducida cuando hacen uso de las autopistas de peaje, obliga a modificar la vigente ley de Carreteras, aprobada en 2015.

Por lo tanto, esta proposición que se va a tramitar tiene que ver con esa demanda de lograr la igualdad, en términos materiales, de unas personas que sufren por sus características personales, una situación de desigualdad. Compensar esa desigualdad eliminando el deber de pago de los peajes en las carreteras se trata de respetar la inclusión y la movilidad para las personas con discapacidad.

Asociaciones estatales de mayores y CEAPs acudirán al Congreso a la aprobación de los Presupuestos en los que incluye una enmienda de reducción parcial del IVA de la Dependencia

Las organizaciones que agrupan a más de 5 millones de personas mayores y el Círculo Empresarial de Atención a las personas (CEAPs) acudirán al congreso para ser testigos de la aprobación de la enmienda que hará ‘justicia parcial’ a las personas que requieren de servicios sociales.

Madrid, 27 de junio de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) anuncia que las agrupaciones de mayores que representan a más de cinco millones de personas de tercera edad, entre ellas CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior) y Mayores UDP (Unión Democrática de Pensionistas), acudirán junto al Círculo Empresarial de Atención a las Personas, miembro del CEDDD,  al Congreso de los Diputados el jueves 28 de julio, para asistir a la aprobación de la enmienda promovida por CEAPs que ha logrado una bajada parcial del IVA del 10 al 4 por ciento en el acceso a Servicios Sociales básicos.

Concretamente, lo que se ha logrado es la aprobación de una reducción, al 4%, del tipo impositivo que se aplica a los servicios de atención a las personas dependientes y que cuenten con una financiación pública que cubra, al menos, el 10 por ciento de su precio, una medida que afectará a alrededor de 110.000 beneficiarios, pero que deja fuera a la otra mitad que aún deberán abonar un IVA diferente al del resto.

Algo que se ha conseguido mediante una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que había sido pactada por PP y PDeCAT.  Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los afectados por la paradoja del doble, así que CEAPs pretende que el Gobierno siga trabajando para que todos los usuarios paguen el mismo IVA.

“No se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social” con esta idea,  ya que no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente.

Actualmente, se da el caso de que dos personas que residen en la misma habitación de un centro concertado, con plazas financiadas públicamente y de acceso privado pagan por los mismos servicios y la misma realidad, dos tipos diferentes de IVA. El que abona la factura de forma privada paga el 10 por ciento y para el que tiene reconocida la prestación por Dependencia, es la administración la que paga la misma, se le aplica el 4 por ciento de IVA.

Se da el caso, de que quién accede a la plaza de forma privada puede que esté en lista de espera para recibir el servicio, (CEAPs calcula que el 90 por ciento) y que por lo mismo, pagará durante su estancia en la misma plaza dos IVAs diferentes, sólo viéndose perjudicado cuando es el mismo quién pague la factura.

Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA por acceder a los mismos servicios. Se calcula que el ahorro en caso de igualar totalmente dicho tipo impositivo sería de unos 100 euros al mes por residente.

Colectivos de mayores y el sector de la dependencia se unen para reclamar que el IVA sea del 4% por justicia social

  • El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia se une al manifiesto conjunto para igualar el tipo impositivo que paga la gente mayor en los servicios de atención y asistencia.
  • El documento, impulsado por el del Círculo Empresarial de Atención a las Personas CEAPs. recuerda que todavía hay una lista de espera de 310.000 dependientes en España

 

Madrid, 22 de mayo de 2018.  Los colectivos de mayores que agrupan a más de 5 millones de mayores y pensionistas y el sector empresarial de atención a la dependencia, que aglutina más de 200.000 plazas (solo en plazas residenciales y diurnas) firmaron el pasado jueves por la mañana en la sede del IMSERSO en Madrid, un Manifiesto con el que han mostrado públicamente su unidad ante una de las reivindicaciones más perseguidas por ambos colectivos en los últimos años.

Según expone en el Manifiesto «no se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social«. Para el centenar de entidades de sector de la dependencia firmantes no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA por acceder a los mismos servicios. Se da la paradoja de que el sector de la Dependencia, uno de los más sensibles, es el único con dos tipos de IVA diferentes según sea quien pague la factura. Un 4% si quien abona la misma es la administración pública y un 10% si quien paga es una persona privada.

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas -CEAPs – Cinta Pascual ha afirmado que la dependencia «es un derecho universal» y por lo tanto van a defenderlo y a conseguir que escuchen su petición porque «beneficia a los mayores dependientes y a la economía«, ya que, en su opinión, si se ocupan todas las plazas vacías se podría «conseguir incentiva la recuperación en la parte económica«.

Las entidades firmantes defienden un modelo de atención a la dependencia que dé respuesta a las necesidades de las personas y que las ponga en el centro del sistema, por lo que ven totalmente necesario mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los más dependientes.

Cinta Pascual, durante su intervención, explicaba con un ejemplo la desigualdad existente en el sector. «Se puede dar el caso de que en una habitación doble dos amigas que la comparten paguen diferente tipo de IVA, una un 4 por ciento porque ya tiene acceso a través de la Ley de Dependencia y otra que paga un 10 por ciento de IVA porque aún no tiene reconocida la prestación o porque está en espera de que se le adjudique el servicio. Una injusticia que no puede ser admisible en un sector como este, en el que no es justo tener que pagar un impuesto por tener que ser atendido«.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), como entidad firmante, se compromete a trabajar para la eliminación de esta diferencia y lograr que el usuario no se vea perjudicado y pague el mismo tipo de IVA cuando acuda de forma privada a recibir un servicio. Esto podría conllevar un ahorro medio aproximado de 100 euros al mes en España, más de 1.200 euros al año, del que se beneficiarán 200.000 usuarios de servicios residenciales en España.

El CEAPs insta al Gobierno a igualar el IVA que pagan los mayores en los servicios geriátricos y pide su inclusión en los PGE

  • La organización empresarial denuncia que el gravamen a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10% mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tribute el 4%.

Madrid, 5 de abril de 2018.– El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD)  apoya las acciones del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) quién ha exigido al Gobierno central que reduzca el IVA de los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados. Este impuesto es actualmente del 10% en los geriátricos con plazas privadas mientras que, por una plaza pública/concertada con idéntico servicio, se tributa un tipo del 4%. Por este motivo, el CEAPs ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que “corrija esta paradoja” e incluya dicha medida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

El Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) es la organización empresarial más representativa de España en servicios de atención a la dependencia. Está formada por las organizaciones patronales mayoritarias de atención a las personas en situación de dependencia de Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, y el País Vasco.

La demanda pública al Gobierno se produce después de un periodo de reuniones con la Dirección General de Tributos, cuyo equipo ha dado el visto bueno al informe técnico del CEAPs. Asimismo, la propuesta del CEAPs cuenta con el apoyo de todas las patronales territoriales que lo integran.  En este sentido, la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, se ha preguntado que “si estamos hablando del mismo servicio, por qué el IVA que paga la persona usuaria tiene que ser diferente y por qué se penaliza a los ciudadanos en lugar de tratarlos con igualdad”. Para Pascual, “situar el IVA al 4% supone mucho más que una medida fiscal, significa hacer justicia social a miles de ciudadanos de nuestro país”.

Igualar el IVA afectaría positivamente a unos 200.000 mayores que actualmente utilizan una plaza residencial privada, con un ahorro estimado de 106 euros mensuales, lo que supone una cantidad de 1.279 euros anuales, teniendo en cuenta que el precio medio de la plaza residencial privada en España es de 1.777,62 euros al mes. Asimismo, de esta medida se podrían beneficiar también centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados.

Por todo ello, el CEAPs confía en que el Ejecutivo central tome nota de su demanda e incluya dicha medida en los PGE 2018 y recuerda que “la atención a la dependencia es una necesidad, no un lujo”. La presidenta de CEAPs afirma que el “derecho universal de la Ley de la Dependencia” y que, “no se puede penalizar al ciudadano incrementándole el IVA cuando se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público, con largas listas de espera”. De hecho, Cinta Pascual tuvo la oportunidad de explicar en primera persona al ministro Montoro está desigualdad.

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