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Discapacidad

PLANIFICANDO EL FUTURO ANTE SITUACIONES DE DISCAPACIDAD

Centenares de personas asisten a la jornada jurídica ‘Planificando el futuro en situaciones de discapacidad’ de CEDDD y FSIE

Más de dos centenares de personas asistieron ayer a la jornada ‘Planificando el futuro en situaciones de discapacidad’, organizada por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). El acto fue presentado por la adjunta a presidencia del CEDDD, Dña. Mar Ugarte, y contó las intervenciones de Dña. Esther Jiménez, responsable de Discapacidad en FSIE; D. Jesús Pueyo, nuevo secretario general de FSIE, y D. Albert Campabadal, presidente del CEDDD. Las ponencias corrieron a cargo de D. Néstor González Jiménez, abogado experto en discapacidad, y D. Marc Subirón Polo, asesor jurídico del CEDDD.

Cabe destacar que la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Este tratado internacional proclama en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados Partes, como es el caso de España, a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.

Entre otras cuestiones, los expertos explicaron la figura de Guarda de Hecho, entendida como “aquella persona que asiste a otra persona con discapacidad de forma informal; ya sea un hijo a alguno de sus progenitores mayores o viceversa”, explicó Néstor González. El primer paso para su gestión es un solicitar un Acta de Notoriedad, documento firmado ante notario que demuestra que existe tal situación de discapacidad. En términos jurídicos, dicha solicitud es el Requerimiento. El efectivo estado de discapacidad puede ser constatado por diferentes vías, como el testimonio de testigos o la presentación de un acta de empadronamiento que demuestre que las personas afectadas residen bajo el mismo techo.

González continuó con una exposición sobre la incapacitación de una persona con discapacidad, la cual tiene que obtenerse siempre por sentencia judicial. Esta sentencia debe de ser “como un traje a medida”, explicó abogado. Es decir, la sentencia que declare la incapacitación va a determinar la extensión y límites de ésta, además del régimen de tutela o guarda asignado a la persona incapacitada. Según el caso, y siempre teniendo en cuenta la protección de la persona incapacitada y su patrimonio, el juez establecerá la tutela, la curatela o el defensor judicial.

La tutela se asigna cuando queda acreditada una limitación funcional de la persona para regir su capacidad y administrar sus bienes; la curatela se establece para aquellas personas que, en atención a su grado de discernimiento, requieren apoyos en el marco patrimonial y personal; y el defensor judicial se aplica en casos con conflictos de intereses entre el sometido a tutela, curatela o patria potestad y el que la ejerce. En cualquier caso, la incapacidad es siempre reversible.

Néstor González finalizó su intervención reflexionando sobre la posible discapacidad sobrevenida en el futuro; destacando aquí la figura de los Poderes Preventivos, mediante los cuales podemos anticipar esa situación y determinar la voluntad de la persona antes de la discapacidad; la Autotutela, posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico a una persona con capacidad de obrar, de designar en un documento público notarial, a la persona o personas que desee que desempeñen el cargo de tutor de sí mismo, y establecer normas relativas a su persona y bienes en previsión de una posible incapacitación; y el Testamento Vital, voluntad en la que establecemos cómo queremos ser tratados ante una emergencia médica si no pudiéramos expresar nuestra opinión.

En su turno de palabra, Marc Subirón Polo habló del Patrimonio Protegido, mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad que permite a sus familiares asignar una serie de bienes a la satisfacción de las necesidades vitales de la citada persona. Los bienes y derechos que forman este patrimonio, que no tiene personalidad jurídica propia, son transmitidos sin tener que esperar a disposiciones testamentarias, ni hacer gestiones para su donación, y quedan sometidos a un régimen de administración específico; consiguiendo con ello un tratamiento mucho más beneficioso para todos con el objetivo de cubrir las necesidades vitales de las personas con discapacidad.

Como viene siendo habitual en las jornadas de CEDDD, el evento fue online, libre y accesible con intérprete ILS. El acto completo está ya disponible en los canales de YouTube del CEDDD y de FSIE.

Reunión CEDDD-PP 11 de Mayo

El CEDDD se reúne con el Grupo Parlamentario Popular para analizar la situación de la discapacidad en España

Los representantes del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), y de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) trasladaron ayer al grupo del Partido Popular (PP) en el Congreso la preocupación sobre diferentes asuntos de actualidad del ámbito de la discapacidad y la dependencia, cuya regulación afecta a miles de personas.

Participaron en la reunión el presidente del CEDDD, Albert Campabadal, y la adjunta a presidencia, Mar Ugarte; el presidente de ANCEE, Julián Ruiz; los diputados populares Juan José Matarí, Alicia García y Sandra Moneo, y Carmen Cabrero, asesora parlamentaria de Educación y Cultura.

Los portavoces del CEDDD y de ANCEE trasladaron a los representantes del grupo parlamentario popular la necesidad de mantener un modelo de educación mixto, basado en la libertad de elección, derecho garantizado constitucionalmente para poder elegir entre la educación ordinaria o la educación especial en función de las necesidades educativas de los niños con discapacidad.

Así mismo, se habló también de los Centros Especiales de Empleo -donde al menos el 70% de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad- los cuales constituyen un modelo de éxito en la integración social laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, se reclamó una mayor igualdad de oportunidades en la contratación pública para poder beneficiar a más de 60.000 personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo; siendo lo anterior esencial para que el empleo de las personas con discapacidad evolucione hacia modelos más competitivos en los mercados ordinarios, de forma que los apoyos y subvenciones actúen como verdaderos motores para normalizar esta vía de empleo e integración para las personas con discapacidad

Finalmente, se habló también de la financiación de la discapacidad en España, cuestión que merece ser estudiada para conseguir un reparto equitativo a todas las entidades y organizaciones que contribuyen de forma activa a la inclusión social de las personas con discapacidad con el objetivo y la filosofía de sumar esfuerzos.

El encuentro se enmarca dentro de las acciones que se llevan a cabo desde el CEDDD y sus entidades asociadas o colaboradoras, entre las que figura ANCEE, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, y de las personas mayores. Tras el mismo, Campabadal y Ugarte destacaron la buena disposición de los diputados populares a escuchar sus propuestas y su proactividad.

En cualquier caso, los objetivos del CEDDD pasan por mejorar la calidad de vida de sus usuarios finales a través de la promoción de su autonomía personal, la promoción de un sistema educativo que respete la libertad de elección, la integración sociolaboral que permita a las personas con discapacidad tener un desarrollo profesional y vital, así como una atención sociosanitaria diligente y de calidad, basada en una colaboración público-privada que lo garantice y lo haga posible.

jornada jurídica con FSIE

Jornada jurídica CEDDD y FSIE – 13 MAYO 2021

El Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) organizan la jornada jurídica ‘Planificando el futuro ante situaciones de discapacidad’.

¿Qué es la autotutela y cómo solicitarla? ¿Y un poder preventivo? ¿En que se diferencian un guarda de hecho y un tutor? ¿Qué obligaciones tiene este último? ¿Cuándo pedir la incapacitación judicial?

Los ponentes darán respuesta a estas y otras cuestiones en la jornada de ámbito jurídico ‘Planificando el futuro ante situaciones de discapacidad’, evento online, accesible y gratuito que tendrá lugar el próximo jueves, 13 de mayo.

En el acto intervendrán D. Jesús Pueyo, Secretario General de FSIE; D. Néstor González Jiménez, abogado experto en discapacidad; D. Marc Subirón Polo, asesor jurídico de CEDDD, y D. Albert Campabadal, Presidente de CEDDD.

Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia seguimos trabajando para cumplir nuestro compromiso con los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores, las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia; para visibilizar su realidad y conseguir su plena integración en la sociedad.

Jornada online, libre y accesible con intérprete ILS.

 

INSCRIPCIONES AQUÍ

 

día de los trabajadores

Manifiesto por el Día Internacional de los Trabajadores. Por los derechos laborales de las personas con discapacidad

Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) queremos visibilizar y apoyar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en el Día Internacional de los Trabajadores, reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece entre otros que, “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” así como que “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.”  En consonancia, en lo referente a las personas con discapacidad, debemos subrayar el artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad de la cual España es parte, mediante el cual se reconoce no sólo el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones, sino también a realizarlo mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.

La realidad del mercado laboral en España pone de manifiesto como este derecho no es efectivo en el caso de las personas con discapacidad. Prueba de ello es que de 1.876.900 personas con discapacidad que había en España en 2019 en edad de trabajar (el 6,2% de la población total en edad laboral), solo 638.600 estaba en activo.

Más aún: la tasa de paro entre las personas con discapacidad en ese mismo año se situó en el 23,9%, 10 puntos más que entre la población sin discapacidad, y la de empleo fue del 25,9%, 41 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad. El resultado es que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad trabajan.

Solo una tercera parte de las personas con discapacidad que había en España en 2019 en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) tenía un empleo. En términos porcentuales, su tasa de actividad bajó medio punto y se situó en el 34,0%, más de 43 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.

A este respecto, desde CEDDD queremos visibilizar la labor de los denominados Centros Especiales de Empleo, representados por la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) uno de los mayores generadores de puestos de trabajo en España para decenas de miles de personas con discapacidad. Con al menos el 70% de sus plantillas con discapacidad, estas entidades tienen como misión la integración sociolaboral en el mercado laboral a personas con discapacidad. Esta labor de inserción en el mercado laboral de los CEE sigue la senda del ODS8, “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, fijado en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

Asimismo, de acuerdo con la filosofía y transversalidad de CEDDD, también representamos y debe también ponerse en valor la imprescindible labor que realizan los sindicatos, como por ejemplo la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), la Unión Sindical Obrera (USO) o la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE), defendiendo los derechos laborales de los trabajadores con discapacidad, así como también de  todos los profesionales que trabajan por la discapacidad.

Desde CEDDD, trabajamos para mejorar el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral y defender los intereses de quienes trabajan en el ámbito de la discapacidad, la dependencia y la atención a las personas mayores, haciéndonos eco de sus necesidades y demandas, y luchando por la libre elección de prestaciones sanitarias.

Magistral exposición sobre Accesibilidad Cognitiva en la II Jornada del Consejo Sectorial CEDDD de Accesibilidad Universal

24 de abril de 2021. El Consejo Sectorial de Accesibilidad Universal del CEDDD (Consejo Español para la defensa de la Discapacidad y la Dependencia) celebró ayer su segunda jornada con expertos y profesionales del sector, titulado ‘Accesibilidad Cognitiva: Espacios saludables para el adulto mayor’, donde se analizó la importancia de la psicología y la arquitectura para facilitar la Accesibilidad Cognitiva de las personas mayores. Moderado por Dña. Mar Ugarte, Adjunto a Presidencia del CEDDD, las ponencias corrieron a cargo de Dña. Ana María González Jiménez , psicóloga y Presidenta de la Asociación española de Psicogerontología, y Dña. Berta Liliana Brusilovsky, Presidenta de ACFEE y experta en Accesibilidad Cognitiva.

El evento, en formato online, accesible para las personas con discapacidad y ya disponible en el canal de YouTube de CEDDD, fue seguido por un centenar de personas, varias desde países de América Latina, como Argentina, México, Chile o Perú.

Las expertas trataron la necesidad de crear espacios accesibles tanto a nivel físico como cognitivo para los adultos mayores, para garantizar los derechos a la autonomía y la independencia de estas personas. Ambas coincidieron en destacar que la Accesibilidad Física está ampliamente estudiada y tratada, mientras que la Accesibilidad Cognitiva, entendida como “la propiedad de los objetos y de su entorno que facilita su comprensión y su uso”, tal y como explicó González Jiménez, sigue siendo un camino por explorar.

La experta en Psicogerontología explicó que la Accesibilidad Cognitiva resulta fundamental para aportar seguridad a las personas mayores, permitiendo así su participación social y su integración en la sociedad. Por el contrario, la falta de autonomía e independencia que trae consigo el desconocimiento del entorno, las avoca a aislamiento social. “Su dignidad se ve mermada y por tanto la persona tiende a evitar los retos”, afirmó González.

En la misma línea, Berta Liliana Brusilovsky, arquitecta y experta en Accesibilidad Cognitiva, se refirió a esta como “una fortaleza para la vejez y para cualquier ser humano” y como “vocabulario espacial”, que actúa como “facilitadora de las actividades de la vida diaria para el adulto mayor”.

Según Brusilovsky, la Accesibilidad Cognitiva también “modifica el ambiente”, puesto que bien aplicada contribuye a aumentar la actividad física y mental de las personas mayores y, por tanto, a mejorar su salud.

Para implementar actuaciones dirigidas a facilitar la Accesibilidad Cognitiva es fundamental en primer lugar localizar las barreras cognitivas, atender a los estímulos, manipular la información, almacenar esa información, expresar y comprender ideas y anticiparse a las consecuencias de una conducta.

Así, la Accesibilidad Cognitiva pasar por construir entornos abiertos y bien señalizados, usando colores y signos fácilmente reconocibles, para evitar el efecto laberinto. En los edificios es importante el tamaño, ya que aquellos que son muy grandes y tienen muchos pasillos y muchas salas generan confusión en personas de edad avanzada, cuya memoria y capacidad física está mermada. En estos espacios jugarán un papel importante los patios y los sistemas de apoyo especiales para contrarrestar la fatiga del comportamiento, mientras que los dígitos contribuyen a la orientación, pues según explicó Brusilovsky uno de los últimos recuerdos que se pierde.

Actualmente, queda mucho trabajo por hacer para conseguir una óptima Accesibilidad Cognitiva en entornos tanto exteriores como interiores, si bien se han dado ya los primeros pasos en materia de sensibilización y concienciación. Por delante se presentan retos para informar y formar a los profesionales primero, y a la sociedad en general después.

El Consejo Sectorial CEDDD de Accesibilidad Universal, con las diferentes voces que lo integran, sigue trabajando mediante encuentros como el presente con el mismo propósito: luchar por la plenitud de derechos de estas personas y, por la adecuada intervención de las autoridades públicas y del conjunto de la Sociedad a través de un nuevo modelo de sociedad que asegure su salud y su bienestar.

 

CEDDD crece adhesión FESOCE

CEDDD sigue creciendo con la incorporación de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE)

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), representado por su presidente D. Albert Campabadal y la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE) representada por su presidente D. Ricard López, han firmado el convenio de adhesión de FESOCE al Consejo como socio.

FESOCE es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir el bienestar y la igualdad de personas con sordoceguera, representando sus intereses y brindando también apoyo a sus familias. Declarada de Utilidad Pública en 2014 y certificada por la ISO 9001, asiste y asesora a sus entidades miembro en las acciones de orientación, atención directa e intervención asistencial que estas llevan a cabo en sus territorios. Además, también pone sus servicios a disposición de aquellas personas o colectivos que puedan beneficiarse de los métodos de intervención de la sordoceguera.

Las iniciativas promovidas desde FESOCE están destinadas a procurar la máxima autonomía personal de las personas con sordoceguera y a facilitar su integración familiar, educativa y social. En este sentido, la Federación trabaja para que las personas con esta discapacidad tengan un adecuado nivel de amparo y la protección familiar y legal que necesita.

En el plano institucional, las líneas de actuación de FESOCE buscan sensibilizar a las instituciones públicas, a las instancias ejecutivas, legislativas y a la sociedad en general sobre la sordoceguera y sus necesidades específicas; promover la eliminación de barreras de comunicación y movilidad, y  adecuar la normativa a las características del colectivo.

El acuerdo de adhesión firmado tiene como objetivo fijar un marco de actuación en la entrada de FESOCE como asociado en CEDDD para la colaboración en el desarrollo de acciones de interés mutuo, y concretamente, dentro del campo de la atención y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad y/o de las personas en situación de dependencia, especialmente el ámbito de las discapacidades sensoriales, de la sordoceguera y de las enfermedades minoritarias causantes de esta discapacidad, entre otras.

FESOCE, como asociación que representa los intereses de las personas con sordoceguera, está alineada con los objetivos de CEDDD de visibilizar, asistir e integrar en la sociedad a las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como a las personas mayores.

Como entidad nacional de la discapacidad y la dependencia y como una de las entidades más transversales de la sociedad española, el CEDDD amplía su cobertura asociativa teniendo en cuenta la protección y necesidades de los colectivos vulnerables y con más dificultades para lograr su inclusión.

CEDDD_Cataluña

CEDDD Cataluña da sus primeros pasos

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) sigue ampliando su acción asociativa mediante la creación de CEDDD autonómicos, a través de los cuales capilariza su actuación para adaptarse a la realidad autonómica de España. Con el objetivo de tener una mayor presencia y defender los derechos de las personas mayores, las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en territorio catalán, hoy se ha constituido CEDDD Cataluña reuniendo a los representantes de las entidades que van a conformar la asociación autonómica del Consejo. Siguiendo las recomendaciones contra COVID 19, se ha celebrado una primera reunión en formato online para establecer las bases de constitución e implementación de la asociación y los ejes de actuación que llevaran a cabo durante esta expansión de este movimiento asociativo.

Participaron en el encuentro representantes de las entidades que constituirán la Junta Gestora de CEDDD Cataluña, que estará presidida por D. Ricard López , de la Associació Catalana Pro Persones Amb Sordceguera (APSOCECAT) y formada por D. Manel Martí, de la Associació Discapacitats Visuals de Catalunya B1+ B2 + B3;  D. Albert Campabadal Blanco, de la Associació Catalana de Centres Especials de Treball D’Iniciativa Privada (CETIP); D. Pere Forga, de Unió Sindical Obrera Catalana (USOC); Dña. Macarena Osuna, de Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo (UTCEE); D. Joaquim Serrahima, de la Fundació Catalonia – Catalunya Creactiva, y Dña. Lourdes Mas, de la Fundació Finestrelles. Por parte del equipo de CEDDD Estatal, estuvieron presentes su presidente D. Albert Campabadal Mas; su adjunta a presidencia y gerente del CEDDD Dña. Mar Ugarte, y D. Marc Subirón como asesor jurídico.

Los miembros de CEDDD Cataluña empezarán los trámites de constitución formal con el objetivo de ser una voz más, complementaria a las existentes y que viene a sumar en la sociedad catalana, en los medios de comunicación, en el poder ejecutivo y legislativo de Cataluña. “El objetivo es trabajar por la máxima inclusión de de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, y también de las personas mayores”, señaló D. Albert Campadabal, al tiempo dio la bienvenida a todas las asociaciones, entidades y personas que quieran formar parte de CEDDD Cataluña.

El CEDDD estatal, por su mayor experiencia, ayudará de nuevo con el apoyo y asesoramiento adecuado para finalmente ser constituido como un ente con autonomía propia alineado con los valores, misión y transversalidad de CEDDD. Grandes avances para el CEDDD cuyo propósito con estos proyectos autonómicos es colaborar y aunar esfuerzo escala estatal y territorial.

Sobre CEDDD

CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia que integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia y/o con discapacidad, a los Centros de Educación Especial, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden – grupos residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales, etc. En suma, representa a más de 200.000 personas atendidas y sus familias, 350.000 profesionales y trabajadores y 1.000 voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas, asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas con discapacidad y/o con dependencia.

El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la profesionalización de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas dependientes desde todas las áreas de influencia.

Declaración de la Renta 2020

Renta 2020: Normativa para personas con discapacidad y sus familiares

Para el año 2020, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) continúa prestando especial atención a las personas con discapacidad y a sus familias, en especial a aquellos con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % o que, sin alcanzarlo, necesitan la ayuda de terceras personas o tienen movilidad reducida.

Descarga aquí la Normativa para personas con discapacidad Renta web 2020.

Personas con discapacidad

A los efectos del IRPF, tienen la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

El grado de discapacidad deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas (CC.AA.). De igual manera se acreditará la necesidad de ayuda de terceras personas o la movilidad reducida (según dictamen de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las CC.AA.).

La necesidad de ayuda de terceras personas para desplazarse al lugar de trabajo o para desempeñarlo o la movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivos debe acreditarse con certificado o resolución al órgano competente de las CCAA en valoración de las discapacidades (basándose en el dictamen de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las CCAA).

Se considerará acreditado un grado de discapacidad:
– Igual o superior al 33 %, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez
y a los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o retiro por Incapacidad Permanente para el servicio o inutilidad.

– Igual o superior al 65 %, para las personas cuya incapacidad sea declarada
judicialmente, aunque no alcancen dicho grado.

No tributan en el IRPF

  1. Las prestaciones económicas reconocidas por la Seguridad Social o por las entidades que las sustituyan consecuencia de Incapacidad Permanente Absoluta o Gran Invalidez, y las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas, respectivamente, en los Capítulos VI y VII del Título II y en el Capítulo I del título VI del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y las pensiones y haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.
  2. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de Clases Pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de las mismas inhabilite por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio, y las pagadas igualmente por Clases Pasivas a favor de nietos y hermanos incapacitados para todo trabajo.
  3. Las prestaciones que, en situaciones idénticas a las anteriores, hayan sido reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, por las Mutualidades de Previsión Social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado. La cuantía exenta tiene como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo.
  4. Las cantidades percibidas de instituciones públicas por acogimiento de personas con discapacidad, en modalidad simple, permanente o preadoptiva o las equivalentes previstas en los ordenamientos de las CCAA.
  5. Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % para fifinanciar su estancia en residencias o centros de día, si el resto de sus rentas no exceden del doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM para 2020: 7.519,59 € – LÍMITE: 7.519,59 € X 2 =15.039,18 €).
  6. Las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único, cualquiera que sea su importe, por trabajadores con discapacidad cuando los beneficiarios pretendan incorporarse de forma estable como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales o pretendan constituirse como trabajadores autónomos. En caso de prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores discapacitados que se conviertan en autónomos, no se exige el requisito de mantenimiento durante 5 años del negocio, como se exige para el resto de situaciones.
  7. Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones al sistema de previsión social especial constituido a favor de las mismas. También están exentos los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. El límite anual de esta exención es 3 veces el IPREM (2020: 7.519,59 € – LÍMITE: 7.519,59 € X 3 =22.558,77€). Desde el 1 de enero de 2015 el límite de exención dejó de ser conjunto y se aplica de forma individual y separada para cada uno de los dos rendimientos anteriores.
  8. Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno familiar y asistencia personalizada que deriven de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
  9. Las pensiones reconocidas a personas lesionadas o mutiladas por la Guerra Civil (1936/1939) del régimen de Clases Pasivas del Estado o por legislación específica.
  10. Las ayudas excepcionales por daños personales en los supuestos de incapacidad permanente absoluta causados directamente por los siniestros a los que sea de aplicación el Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, el Real Decreto-Ley 11/2019, 2 de 20 de septiembre y otros.

Mínimo por discapacidad

El mínimo por discapacidad es la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.

El mínimo por discapacidad del contribuyente es de 3.000 € anuales y de 9.000 € anuales cuando se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 € cuando se acredite necesitar ayuda de terceras personas, movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 3.000 € anuales y de 9.000 € cuando se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 € por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

Para beneficiarse del mínimo por discapacidad de ascendientes o de descendientes, estos han de generar a su vez el derecho a aplicar el mínimo por ascendientes y descendientes.

En ambos casos, se considerará que conviven con el contribuyente los que dependiendo del mismo estén internados en centros especializados.

Toda la información en:

Renta2020_personas_con_discapacidad

Día Mundial de la Salud. Por un mundo más justo y saludable

Recogido como objetivo de la Agenda para el desarrollo sostenible 2030 (en el ODS3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”), el acceso universal a la Salud debe ser prioritario en nuestra sociedad.

Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) queremos visibilizar y apoyar el Día Mundial de la Salud. En la Declaración Universal de Derechos Humanos este derecho viene desarrollado en el Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. Y en España, la Constitución de 1978 establece en el artículo 43, en su disposición segunda, que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

Sin embargo, muchas personas, especialmente aquéllas con discapacidad, personas mayores y/o en situación de dependencia , ven a diario vulnerado  el derecho a la protección de la salud y sobre todo con la actual crisis del coronavirus, se ha evidenciado todavía más si cabe las carencias que aún existen en nuestra sociedad. Lo hemos visto en el acceso desigual a las UCI y lo seguimos viendo en los grandes desequilibrios que hay en las prestaciones sanitarias que se ofrecen en las distintas comunidades autónomas. En este sentido, la pandemia supone un punto de inflexión en lo que a preparación para emergencias sanitarias y a inversión en servicios públicos vitales se refiere.

Esta vulneración de derecho en el acceso igual y sin discriminaciones a la Salud se aprecia también en las deficiencias y la falta de atención a los servicios de Atención temprana, tan necesarios para asegurar el sano desarrollo de muchos menores.

Reducir las tasas de mortalidad -disparadas por la COVID-, apoyar la investigación en el desarrollo de medicamentos y vacunas, y lograr una cobertura sanitaria universal real son algunas de las metas recogidas en el ODS3 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 – “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para toda la población, en todas las edades”. Objetivos que en ningún caso se podrán alcanzar si no se tiene en cuenta la situación de muchas personas mayores, personas con discapacidad y/o dependencia, cuya salud física y mental se ha visto fuertemente golpeada con motivo de la pandemia.

Ante la dificultad para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública y para garantizar el derecho fundamental a la salud universal, reivindicamos la convivencia de los modelos público y privado, como vía para garantizar prestaciones sanitarias de calidad a todos los ciudadanos españoles.

Desde CEDDD, trabajamos a través de nuestros Consejos Sectoriales para mejorar el acceso a la Sanidad de las personas con discapacidad, aquellas que son dependientes y de las personas mayores, a quienes representamos, haciéndonos eco de sus necesidades y demandas, y luchando por la libre elección de prestaciones sanitarias.

La Salud es el “estado completo de bienestar físico, mental y social’, según la OMS. Más allá de esta definición, debe ser entendido como un concepto multidimensional que afecta a la higiene en el trabajo y el medio ambiente, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas y la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad, discapacidad o situación de dependencia.

CEDDD Andalucía nombrado miembro del Foro para el Diálogo y el Asesoramiento en la Junta de Andalucía

• El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia en Andalucía (CEDDD-A), representado por su presidenta Dña. Sara Rios soto, ha sido nombrado miembro del nuevo Foro para el Diálogo y Asesoramiento que la Consejera Dña. Rocio Ruiz ha constituído este miércoles 18 de marzo.

Sevilla, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Dña. Rocío Ruiz, ha presidido este miércoles la sesión constitutiva del Foro para el Diálogo y el Asesoramiento, un nuevo instrumento de participación que da voz a todas los agentes económicos y sociales de Andalucía con el objetivo de coordinar estrategias y facilitar la reflexión conjunta sobre unos servicios sociales más ágiles y eficaces. Entre las entidades miembro, ha sido nombrado como una de ellas el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia Andalucía (CEDDD-A) como una voz más de las personas mayores, de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia; complementaria a las existentes y que viene con el propósito de sumar fuerzas y construir en Andalucía.
En este sentido, la consejera ha trasladado la apuesta de la Consejería por la atención a la Dependencia y la mejora de los servicios sociales, de manera que desde la Consejería se van a movilizar este año 248,8 millones de euros.

                    Dña. Sara Ríos, la consejera Dña. Rocío Ruiz y los demás integrantes del nuevo Foro para el Diálogo y el Asesoramiento.

En su primera reunión, el Foro ha podido conocer los 39 pre-proyectos presentados por la Consejería para atraer los Fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión.
Las iniciativas andaluzas se centran en ocho líneas de inversión: la estrategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados de larga duración; la dotación de nuevos equipamientos públicos; la incorporación de nuevas tecnologías al sector de los cuidados; transformación tecnológica e innovación; mejora de formación de los profesionales y la modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, así como el plan de accesibilidad.
El Foro también ha tratado el Plan de Choque de Dependencia aprobado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Atención a la Dependencia.
Desde CEDDD Andalucía se trabaja con una nueva mirada para dar voz, opinión y visibilización a las problemáticas que en discapacidad, dependencia y mayores muestran sus entidades miembros. Entidades diversas en sus contenidos, formatos y objetivos pero que, hasta ahora, no habían tenido representación alguna en foros institucionales pero que poco a poco son escuchadas pudiendo así contribuir a la mejora y el bienestar de las personas mayores, personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

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