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FSIE

Por la vacunación de todos los trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad

El CEDDD se une a la solicitud al Gobierno y Comunidades Autónomas para la vacunación de todos los trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad.

Madrid, 21 de enero de 2021. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) celebra el inicio del proceso de vacunación que poco a poco se verán sus efectos y beneficios sobre los colectivos más vulnerables como son las personas mayores, las personas con discapacidad y/o con dependencia.

De acuerdo a lo recogido en la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España presentada por el Ministerio de Sanidad, los grupos prioritarios que recibirán la vacuna durante la primera etapa de inmunización serán aquellos conformados por los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario en primera línea y otros profesionales sanitarios y sociosanitarios; y las personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida –grandes dependientes no institucionalizados.
Sin embargo, desde el CEDDD entendemos y compartimos la preocupación de los trabajadores de los centros educativos y de atención a los niños y jóvenes con discapacidad. Este personal durante la pandemia ha estado y sigue estando incansablemente al frente de las aulas y los centros para minimizar los efectos de la crisis sanitaria y social en el colectivo de la discapacidad, asumiendo todo tipo de riesgos para su salud. Además, los centros educativos y asistenciales deben ser ventilados reiteradamente con temperaturas gélidas propias del rigor del invierno., siendo evidente que las condiciones de las aulas y edificios no son las adecuadas y no permiten un razonable confort climático.

Por ello y respetando como no podía ser de otra manera a los otros colectivos prioritarios, desde CEDDD queremos apoyar la reivindicación de dos de sus miembros, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) y a la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO),  y solicitan respectivamente,  al Gobierno y Comunidades Autónomas que, una vez vacunados todos los trabajadores del sistema sanitario, los trabajadores y residentes de los centros de mayores y sociosanitarios y las personas vulnerables, se determine expresamente que los trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad sean colectivo prioritario en el proceso de vacunación en el conjunto del Estado evitando diferencias territoriales en este proceso y la Federación de Enseñanza de USO, solicita que se priorice a los docente y PAS en la vacuna e insta a Ministerio de Educación a dotar con filtros HEPA a los centros educativos.

Manifiesto CEDDD sobre educación especial y concertada

CEDDD se une a la declaración de sus asociados, los sindicatos USO y FSIE, en defensa de la Educación Concertada y la Educación Especial.

Madrid 1 de octubre de 2020.- Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) queremos manifestar nuestro más absoluto apoyo a la reivindicación que varias plataformas concertadas y entidades, entre las que se encuentran los sindicatos USO y FSIE, han publicado sobre las enmiendas presentadas por PSOE y UP al articulado del Proyecto de LOMLOE, cuyo texto reproducimos:

“Ante las enmiendas presentadas por PSOE y UP al articulado del Proyecto de LOMLOE
La concertada declara su hartazgo y dice “BASTA”
La concertada se prepara para movilizarse frente al ataque a la libertad de enseñanza

Las organizaciones de la educación concertada manifiestan su hartazgo e indignación ante el último golpe dirigido por los partidos que forman la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y plasmado en las enmiendas a la LOMLOE presentadas el pasado miércoles.

Dichas enmiendas refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación. El representante de Unidas Podemos explicó en su comparecencia ante los medios que la enseñanza concertada es una “anomalía” que hay que superar y el instrumento elegido será la futura LOMLOE. Esta manifestación contradice las llamadas a la serenidad de la propia Ministra de Educación, pero es coherente con las últimas acciones del Gobierno y de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos. Baste recordar su intención de excluir de las ayudas por la COVID-19 a los alumnos y familias de la enseñanza concertada, plasmada en los Acuerdos de Reconstrucción que se votaron a finales de julio. El sectarismo fue tan evidente que la Propuesta de Acuerdo en Políticas Sociales fue rechazada por la mayoría del Congreso.

Las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos (más las 54 de éste último partido en solitario) confirman su voluntad de incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos, y especialmente en Educación Infantil (0-3 años); acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada); suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas; incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos (centralización en una “caja única”); implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias; reforzar el criterio de zonificación; eliminar progresivamente los centros de Educación Especial; establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro; suprimir el concierto de los centros de educación diferenciada; imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece una reedición de Educación para la Ciudadanía e introducir determinadas líneas transversales (perspectiva e ideología de género, memoria democrática, etc.).

Además, estamos ante otra reforma educativa que se olvida completamente del profesorado y de los trabajadores del sector. No plantea ni una sola medida que mejore la situación de los docentes, más bien al contrario, acrecienta aún más las abultadas desigualdades existentes con sus homólogos de la red pública. Tampoco concreta incrementos en los módulos de conciertos que permitan mejorar las condiciones del personal de administración y servicios. En definitiva, esta LOMLOE menoscaba la seguridad jurídica y laboral en el sector y tendrá
graves consecuencias sobre el mantenimiento y la calidad del empleo.

A pesar de que el Gobierno repite que el Proyecto de Ley recoge las aportaciones y propuestas de todos los sectores educativos, la realidad muestra una actitud totalitaria y una absoluta falta de consenso. Entre todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, se han presentado 1.165 enmiendas. El argumento fundamental del Gobierno para derogar la LOMCE (“ley sin consenso”) se desmonta por el enorme número de enmiendas presentadas, prueba de que el Proyecto no ha sido mínimamente acordado con el resto de fuerzas políticas.

En realidad, la Ley Celaá plantea la derogación de la LOMCE como excusa para reeditar los viejos planteamientos pedagógicos de la LOE, que tan bajos resultados académicos produjo, e imponer la enseñanza pública como único eje vertebrador del sistema educativo en detrimento de otras opciones elegidas por las familias. Asimismo, aprovecha el presente contexto de emergencia sanitaria, social y económica para evitar la respuesta crítica y contundente de numerosos sectores (familias, alumnos, sindicatos, centros…).

Finalmente, el Proyecto cuya aprobación desea impulsar el Gobierno, lejos de generar ilusión en el seno de la comunidad educativa, provoca apatía al demostrar la incapacidad política para llegar a un Pacto Educativo de Estado que siente las bases de una nueva ley, moderna y con espíritu de permanencia, que otorgue estabilidad a nuestro sistema educativo desde el consenso que supuso el Artículo 27 de la Constitución. Todos deseamos una ley que solucione los verdaderos problemas del aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, que apueste por la autonomía de los centros, por la innovación y por el respeto a los derechos de padres, alumnos y educadores y que aporte la financiación necesaria. Pero esa ley no es la LOMLOE.

Por todo ello, el conjunto de organizaciones que representan a la enseñanza concertada, prepara una batería de acciones dirigidas a informar verazmente a la comunidad educativa del contenido de la Ley, visibilizar la oposición en los medios de comunicación y promover movilizaciones sociales ante la vulneración de los derechos y libertades ciudadanas reconocidos en nuestra Constitución. Estas acciones se concretarán y desarrollarán en las próximas semanas.

Ante la hostilidad reiterada de la coalición PSOE-Unidas Podemos, la concertada dice: ¡BASTA!”

Desde el CEDDD seguiremos:

Atendiendo, defendiendo y luchando por las personas y organizaciones que contribuyen de forma incansable a mejorar la calidad de vida, a la verdadera inclusión en la sociedad y a respetar la libertad de las personas con mayor grado de vulnerabilidad. Ganaremos como sociedad a la adversidad.

Jornada sobre el Anteproyecto de reforma del Código Civil en materia de discapacidad.

El CEDDD organiza en colaboración con FSIE, un acto en formato online y abierto al público el próximo lunes 20 de julio a las 12h sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que recientemente ha dado luz verde el Gobierno.

Madrid, 14 de julio de 2020. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) en colaboración con una de sus fuerzas sindicales más importantes como es la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) organiza un evento online para tratar la posible reforma del Código Civil en materia de discapacidad

Tras la bienvenida al acto por parte del Sr. Javier Muñoyerro, secretario general de FSIE, tendrá lugar la intervención principal del evento que es la exposición del letrado especializado en discapacidad y Presidente del grupo de Discapacidad y Dependencia del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Néstor González Jiménez.

Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad se prevé una norma que implantaría un cambio de paradigma. Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, trata de responder al respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad. En este sentido, el núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida.

En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje; sin embargo, este cambio debe enfocarse y analizarse de una perspectiva lo más transversal posible. Ello significa contar con la voz de las personas, de las familias, de los múltiples profesionales relacionados con la discapacidad, entre muchos otros. Todas estas y muchas más cuestiones serán tratadas en este acto en el que CEDDD y FSIE tratarán de clarificar un poco más la posible nueva situación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sus derechos.

Finalmente y tras la ronda de ruegos y preguntas, cerrará esta sesión el presidente del CEDDD, Albert Campabadal, demostrando la clara apuesta del CEDDD de tener como último y único fin las personas con discapacidad y sus derechos en todos los ámbitos de su ciclo vital.

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