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Inclusión

Entrega de los Primeros Premios nacionales ADiReLab Alares sobre Relaciones Laborales

Madrid, 15 de noviembre de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) aplaude al Grupo Alares en su trabajo para contribuir a la mejora de la competitividad empresarial, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de las personas. Como empleador directo de Personas con Discapacidad atiende en su día a día a las necesidades personales de los empleados, clientes de las empresas y sus familiares.

Javier Benavente Barrón, Presidente de Alares, y D. Antonio de la Fuente, Presidente de ADiReLab, entregaron ayer en la Fundación Telefónica los Primeros Premios Nacionales ADiReLab Alares sobre Relaciones Laborales. El acto de entrega se produjo durante el Tercer Congreso Nacional que la Asociación realiza cada año.

Alares y ADiReLab decidieron convocar estos premios en el pasado mes de septiembre con el fin de apoyar la labor de todos los profesionales de Relaciones Laborales como agentes que favorecen la calidad de vida en el trabajo y la competitividad empresarial. Los premios recogían dos modalidades: mejor trayectoria profesional y acción relevante en 2018.

En la primera de ellas, D. Oscar Maraver, Ex Director de RRHH, RRLL de Telefónica, se hizo con el galardón. Oscar es una figura notoria tanto de RRHH como de RRLL, al haber logrado liderar con éxito una renovación constante en materia de RRLL en Grupo Telefónica. En la modalidad de acción relevante en 2018 en materia de Relaciones Laborales y Responsabilidad Social, Diversidad e Igualdad y Conciliación de la vida laboral y personal, D. Pablo Francesh, Director de Asesoría Jurídica y Relaciones Laborales del Grupo INDITEX, resultó ser el premiado.

Con gran cantidad de candidaturas presentadas a esta primera edición, y con este palmarés de primer nivel, queda reflejado el compromiso de los profesionales de las Relaciones Laborales por mejorar nuestra Sociedad.

En esa misma línea, ADiReLab, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos sus asociados y sus familias, ha puesto a su disposición, de manera totalmente gratuita, el programa Alares 360º, gracias al cual verán cubiertas todas las necesidades de su día a día.

Este programa es prestado por Alares, y los servicios que incluye el plan son gestionados por el Centro Especial de Empleo Alares Social, donde más del 90 % de las personas que trabajan en él tiene algún tipo de discapacidad. Con ello, ADiReLab cumple dos de sus objetivos: mejorar la calidad de vida de todos sus socios, gracias a la disposición gratuita de servicios que les harán su día a día más fácil, y contribuir a la inclusión socio laboral de las personas con discapacidad en nuestro país.

Fundación Alares y Cerner inician un programa que tiene como fin mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

La empresa líder de salud digital, presente en más de 35 países y 27.000 centros sanitarios de todo el mundo, toma como valores propios la conciliación de la vida de sus empleados y la promoción de la diversidad.

• A través del Programa Objetivo Empleo de Fundación Alares, llevará a cabo un itinerario formativo y de orientación destinado a personas con discapacidad, con el fin de ayudar a su incorporación al mercado laboral.

Madrid, 11 de octubre de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue trabajando en el objetivo de mejorar el acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad mediante uno de sus miembros más importantes, la Fundación Alares.

La Fundación Alares y Cerner  inician un programa que tiene como fin mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Se trata de Objetivo Empleo que, a través de diferentes talleres («Refuerzo y mejora de las habilidades sociales para el empleo», «Gestión del tiempo» y «Calidad en la atención, servicio y venta al cliente»), dotará a las personas con discapacidad de las herramientas necesarias para facilitar su inclusión laboral. Actualmente, la tasa de paro en este colectivo es del 28,6%, lo que supone 9,1 puntos más que la población sin discapacidad. Solo en la Comunidad de Madrid se han registrado, desde enero de 2016 a junio de 2018, 20.000 personas desempleadas con discapacidad, lo que representa el 33,27% de los parados de la región.

Por este motivo, la realización de programas de mejora de la empleabilidad, como los que lleva a cabo Fundación Alares, resulta tan necesaria. E igualmente necesario es el apoyo de las empresas que, como Cerner, colaboran para que este objetivo sea posible.

El programa ofrecerá orientación laboral y asesoramiento personalizado. Asimismo, incluirá la realización de una jornada pre-laboral en las propias instalaciones de Cerner, que dará a los participantes la oportunidad de intercambiar impresiones, resolver dudas y hablar directamente con empleados que desempeñan tareas y puestos de trabajo, que ellos podrían ocupar en un futuro. Finalmente, los participantes en el programa serán incorporados a la Bolsa de Empleo / Agencia de Colocación de Fundación Alares, para ampliar sus oportunidades de incorporación al mercado laboral.

Paralelamente a esta acción, Cerner ha puesto a disposición de todos sus empleados y familiares orientación y apoyo en todo lo relacionado en materia de discapacidad y dependencia. Pretende así dar respuesta a todas las dudas que puedan tener, ofreciéndoles asesoría con los trámites y solicitudes de ayudas.

La importancia de los Centros Especiales de Empleo en la Economía Social

  • Una proposición no de ley pone en duda a los Centros Especiales de Empleo pese a su gran función social e integradora de las personas con discapacidad.

Madrid, 18 de marzo de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue trabajando y apoyando el empleo de las personas con discapacidad, especialmente en lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, representados por uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE). Esta importante organización de ámbito estatal con casi 20 años de historia que representa el 70% de los centros especiales de empleo en España y a más de 50.000 trabajadores con discapacidad.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de ERC enmendada con el PSOE para controlar a los Centros Especiales de Empleo. Según sus portavoces algunos Centros se han desviado de su labor social para irse transformando en “mero beneficio empresarial” así como que se debe controlar la  “cesión ilegal de trabajadores” que realizan y por ello es necesario realizar “una campaña antifraude y control financiero” por las subvenciones recibidas. Unas afirmaciones gratuitas que en nada se ajustan a la realidad.

Ante el incumplimiento generalizado de la cuota de reserva de contratos para personas con discapacidad en el mercado ordinario, es fundamental el papel de los Centros Especiales de Empleo. Estas entidades tienen como objetivo principal proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Hablamos de una figura que da respuesta a una demanda real, la del derecho fundamental del trabajo para las personas con discapacidad.

En ese sentido, es conocido que los CEE reciben ayudas y bonificaciones con la finalidad de lograr esa necesaria inserción laboral. Si se conoce alguna ilegalidad respecto al trabajo de los centros especiales de empleo hay que denunciarla sin lugar a dudas. No obstante, la actividad de  estos Centros está sometida ya a múltiples controles como pueden ser Inspecciones de Trabajo, control por parte de la Consejería de cada CCAA o el propio control tributario de Hacienda. Estas graves iniciativas parlamentarias que expresan en términos generales una desviación de la función de los CEE, nacen del desconocimiento de la realidad de los CEE y se mancha gravemente la imagen de muchos trabajadores y, también, la de los empleadores que dan su vida por la integración de estas personas.

Así pues, el CEDDD rechaza completamente la aprobación de este tipo de iniciativas basadas en afirmaciones que carecen las mismas de todo conocimiento y sensibilidad respecto la gran  labor que realizan los Centros Especiales de Empleo cuya prioridad no es otra que la integración laboral del colectivo de la discapacidad. Un colectivo que desgraciadamente ya ha sufrido bastante como para verse ahora retroceder tan gravemente  en su derecho al trabajo.

Teleoperadores con discapacidad de la Agencia Tributaria se movilizan ante su inminente despido.

  • El servicio de atención telefónica lo venía realizando hasta la fecha un Centro Especial de Empleo mediante subcontratación y empleaba a casi un centenar de trabajadores con discapacidad que ahora ven peligrar sus puestos de trabajos por una nueva contrata.

Madrid, 3 de agosto de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) muestra su gran preocupación por el centenar de teleoperadores subcontratados desde hace tres años por la Agencia Tributaria para prestar el servicio de cita previa telefónica los cuales han iniciado una campaña de movilizaciones y paros en protesta por su inminente despido tras la adjudicación del servicio a una nueva empresa.

La gravedad de la situación de estos trabajadores con discapacidad es debida a que la empresa Konecta, nueva adjudicataria del servicio, no quiere subrogar con las condiciones laborales y los  derechos de dichos trabajadores pese a que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga claramente a ello. Una situación que «conoce la Agencia Tributaria», según Sergio Pascual, representante del sindicato mayoritario UTCEE.

El artículo 130 de la LCSP establece la indudable obligación de Konecta de subrogar a los trabajadores al establecer dicha norma que: “cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato”.  Con su actuación, tanto la AEAT como Konecta,  están haciendo caso omiso de la Ley  la cual garantiza sin lugar dudas  la conservación del puesto de trabajo a las personas con discapacidad que prestan servicio en un CEE como es el caso.

Sin embargo, amparándose de forma maquiavélica en el convenio del sector de Call Center, Konecta solo ha ofrecido a los empleados «incorporarse al proceso de selección actualmente abierto». No  solo se produce la grave amenaza de pérdida de empleo sino que además, Konecta ha comunicado a los trabajadores  con discapacidad  que viven y trabajaban en Madrid  que el servicio se va a realizar en Sevilla. Un hecho intolerable carente de toda sensibilidad hacia las personas con discapacidad y cuya única finalidad es garantizarse en su caso la renuncia de los trabajadores por sus limitaciones de movilidad; todo ello con la anuencia de la AEAT.

Los trabajadores afectados y la AEAT  en reunión celebrada el día 2 de agosto, se han dado un plazo de 20 días al objeto que la AEAT cumpla con sus obligaciones e inste a Konecta como adjudicataria a subrogar a los trabajadores por mandato de la norma legal. No obstante, los teleoperadores no se van a detener y van a seguir movilizándose cada semana para seguir luchando por sus derechos laborales puesto que ante esta grave situación no hay otra respuesta que el obligado cumplimiento de la Ley.

Desde el CEDDD queremos reivindicar el derecho de estas personas y confiamos en que la AEAT haga cumplir a la empresa adjudicataria con la normativa y a subrogar a todos los trabajadores con discapacidad.

La «X solidaria» para empresas

  • La inclusión en los PGE de la ‘X’ del Impuesto de Sociedades, supondrá que a partir de 2019 las empresas podrán destinar el 0,7% de su tributación con Hacienda a actividades de interés general consideradas de interés social.

Madrid, 6 de julio de 2019. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) anuncia que entre las medidas recogidas en los Presupuestos Generales de Estado de 2018 (PGE), publicados en el BOE el  miércoles 3 de julio, destaca la X solidaria en el Impuesto de Sociedades. Las empresas podrán destinar un 0.7% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, a fines de interés social. Esta opción se sumará, a partir del 2019, al compromiso ciudadano de las personas que marcan la casilla 106 en el IRPF y que son casi 11 millones en nuestro país.

Las empresas tendrán también su oportunidad de ser solidarias, sin que tengan que pagar más. Todo ello contribuirá a mejorar las actuaciones a favor de la inclusión social y a llegar a más de 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un mecanismo similar al que opera actualmente en el caso del IRPF para los contribuyentes, con lo que en total, según los cálculos de Hacienda, podrán destinar unos 210 millones de euros, teniendo en cuenta que la cuota íntegra en 2015, última disponible, ascendió a 30.609 millones de euros.

Ahora que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a esta iniciativa, es necesario que se aborde el desarrollo reglamentario, a través de una Real Decreto que especifique los detalles de la propuesta. Además sería interesante impulsar acciones de sensibilización para que las empresas marquen esta nueva casilla y contribuyan a la sostenibilidad económica de la acción social del país.

En definitiva esta nueva “X solidaria social”, que se añade a la existente desde hace más de 30 años en el ámbito del Impuesto de la Renta, permitirá a las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades dedicar, siempre de modo voluntario, el 0,7 % del mismo a dotar una convocatoria anual que financiará programas sociales y de inclusión realizados por organizaciones sociales de ámbito estatal. Esto  va a permitir que estas entidades atiendan a más personas, desarrollen mayores redes de trabajo y lleguen más lejos en su construcción de una sociedad igualitaria.

Asociaciones estatales de mayores y CEAPs acudirán al Congreso a la aprobación de los Presupuestos en los que incluye una enmienda de reducción parcial del IVA de la Dependencia

Las organizaciones que agrupan a más de 5 millones de personas mayores y el Círculo Empresarial de Atención a las personas (CEAPs) acudirán al congreso para ser testigos de la aprobación de la enmienda que hará ‘justicia parcial’ a las personas que requieren de servicios sociales.

Madrid, 27 de junio de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) anuncia que las agrupaciones de mayores que representan a más de cinco millones de personas de tercera edad, entre ellas CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior) y Mayores UDP (Unión Democrática de Pensionistas), acudirán junto al Círculo Empresarial de Atención a las Personas, miembro del CEDDD,  al Congreso de los Diputados el jueves 28 de julio, para asistir a la aprobación de la enmienda promovida por CEAPs que ha logrado una bajada parcial del IVA del 10 al 4 por ciento en el acceso a Servicios Sociales básicos.

Concretamente, lo que se ha logrado es la aprobación de una reducción, al 4%, del tipo impositivo que se aplica a los servicios de atención a las personas dependientes y que cuenten con una financiación pública que cubra, al menos, el 10 por ciento de su precio, una medida que afectará a alrededor de 110.000 beneficiarios, pero que deja fuera a la otra mitad que aún deberán abonar un IVA diferente al del resto.

Algo que se ha conseguido mediante una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que había sido pactada por PP y PDeCAT.  Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los afectados por la paradoja del doble, así que CEAPs pretende que el Gobierno siga trabajando para que todos los usuarios paguen el mismo IVA.

“No se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social” con esta idea,  ya que no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente.

Actualmente, se da el caso de que dos personas que residen en la misma habitación de un centro concertado, con plazas financiadas públicamente y de acceso privado pagan por los mismos servicios y la misma realidad, dos tipos diferentes de IVA. El que abona la factura de forma privada paga el 10 por ciento y para el que tiene reconocida la prestación por Dependencia, es la administración la que paga la misma, se le aplica el 4 por ciento de IVA.

Se da el caso, de que quién accede a la plaza de forma privada puede que esté en lista de espera para recibir el servicio, (CEAPs calcula que el 90 por ciento) y que por lo mismo, pagará durante su estancia en la misma plaza dos IVAs diferentes, sólo viéndose perjudicado cuando es el mismo quién pague la factura.

Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA por acceder a los mismos servicios. Se calcula que el ahorro en caso de igualar totalmente dicho tipo impositivo sería de unos 100 euros al mes por residente.

Gala de entrega de los Premios Nacionales Alares 2018

  • Fundación Alares presenta sus Premios Nacionales Alares, referente nacional en materia de Conciliación y que contaran con la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes de España.

Madrid, 13 de junio de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) anuncia la celebración de la Gala de entrega de los XII Premios Nacionales Alares a la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, y a la Responsabilidad Social, así como a la entrega de los VII Premios Nacionales Alares a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales destinada a las Personas con Discapacidad.

El organizador es Fundación Alares, miembro del CEDDD, cuyo objetivo es contribuir a dar las respuestas adecuadas a la creciente atención ciudadana por los fenómenos asociados a las nuevas estructuras del bienestar y a la protección social, siempre desde la perspectiva de la mejora de la calidad de vida y de la competividad de las empresas. Con especial referencia al desarrollo de servicios y actividades relacionados con la Discapacidad, la Dependencia, la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, la Diversidad e Inmigración, así como la Responsabilidad Social de los Ciudadanos, Organizaciones e Instituciones.

Sus Majestades los Reyes de España son Presidentes de Honor de los Premios Nacionales Alares a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar, Personal y a la Responsabilidad Social. El objetivo de estos premios es reconocer el esfuerzo y compromiso que hacen las diferentes instituciones, empresas, agentes sociales, directivos, profesores, investigadores y medios de comunicación por fomentar la conciliación laboral y personal. Y de la misma manera por apostar por la corresponsabilidad y la responsabilidad social. Estos son unos elementos indispensables para la mejora de la calidad de vida y la competitividad empresarial.

De igual modo, Sus Majestades los Reyes de España son Presidentes de Honor de los Premios a la Prevención de riesgos laborales destinada a personas con discapacidad. Su celebración supone el reconocimiento de las mejores prácticas que contribuyen a mejorar la calidad en el empleo, facilitando la inclusión laboral y la continuidad en el puesto de trabajo, poniendo el foco en las personas con discapacidad.

En definitiva, las prácticas que se reconocen en estos premios están orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en relación al acceso y la permanencia en el puesto de trabajo. Tiene que ver aspectos tales como la evaluación del puesto de trabajo y de los riesgos derivados del mismo y la correcta adaptación del puesto. También esta relacionado con la adecuada protección personal para evitar accidentes de trabajo y con la impartición hasta una formación accesible que atienda las necesidades concretas de la persona de acuerdo a sus capacidades.

Alares quiere compartir esta ceremonia contigo. Tendrá lugar en el Teatro Luchana, el próximo 20 de junio de 2018, de 11:30 a 14:00 horas, y seguidamente se podrá disfrutar de un cóctel de clausura.

Las plazas son limitadas, por lo que rogamos que confirmes tu asistencia a través del FORMULARIO ONLINE

 

Colectivos de mayores y el sector de la dependencia se unen para reclamar que el IVA sea del 4% por justicia social

  • El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia se une al manifiesto conjunto para igualar el tipo impositivo que paga la gente mayor en los servicios de atención y asistencia.
  • El documento, impulsado por el del Círculo Empresarial de Atención a las Personas CEAPs. recuerda que todavía hay una lista de espera de 310.000 dependientes en España

 

Madrid, 22 de mayo de 2018.  Los colectivos de mayores que agrupan a más de 5 millones de mayores y pensionistas y el sector empresarial de atención a la dependencia, que aglutina más de 200.000 plazas (solo en plazas residenciales y diurnas) firmaron el pasado jueves por la mañana en la sede del IMSERSO en Madrid, un Manifiesto con el que han mostrado públicamente su unidad ante una de las reivindicaciones más perseguidas por ambos colectivos en los últimos años.

Según expone en el Manifiesto «no se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social«. Para el centenar de entidades de sector de la dependencia firmantes no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA por acceder a los mismos servicios. Se da la paradoja de que el sector de la Dependencia, uno de los más sensibles, es el único con dos tipos de IVA diferentes según sea quien pague la factura. Un 4% si quien abona la misma es la administración pública y un 10% si quien paga es una persona privada.

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas -CEAPs – Cinta Pascual ha afirmado que la dependencia «es un derecho universal» y por lo tanto van a defenderlo y a conseguir que escuchen su petición porque «beneficia a los mayores dependientes y a la economía«, ya que, en su opinión, si se ocupan todas las plazas vacías se podría «conseguir incentiva la recuperación en la parte económica«.

Las entidades firmantes defienden un modelo de atención a la dependencia que dé respuesta a las necesidades de las personas y que las ponga en el centro del sistema, por lo que ven totalmente necesario mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los más dependientes.

Cinta Pascual, durante su intervención, explicaba con un ejemplo la desigualdad existente en el sector. «Se puede dar el caso de que en una habitación doble dos amigas que la comparten paguen diferente tipo de IVA, una un 4 por ciento porque ya tiene acceso a través de la Ley de Dependencia y otra que paga un 10 por ciento de IVA porque aún no tiene reconocida la prestación o porque está en espera de que se le adjudique el servicio. Una injusticia que no puede ser admisible en un sector como este, en el que no es justo tener que pagar un impuesto por tener que ser atendido«.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), como entidad firmante, se compromete a trabajar para la eliminación de esta diferencia y lograr que el usuario no se vea perjudicado y pague el mismo tipo de IVA cuando acuda de forma privada a recibir un servicio. Esto podría conllevar un ahorro medio aproximado de 100 euros al mes en España, más de 1.200 euros al año, del que se beneficiarán 200.000 usuarios de servicios residenciales en España.

El Tribunal Supremo fija en 45% el mínimo de discapacidad para la jubilación anticipada

  • Se aplicará siempre que la valoración de su carencia no haya variado durante un tiempo suficiente y afecta a todos aquellos ciudadanos incluidos en el decreto 1851/ 2009, relativo a, entre otros colectivos, las víctimas de la talidomida.

Madrid, 5 de marzo de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) anuncia que el Tribunal Supremo ha aceptado que quienes padezcan un mínimo del 45% en su grado de discapacidad podrán acceder a la jubilación anticipada siempre que la valoración de su carencia no haya variado durante un tiempo suficiente, debido a que se les podrá aplicar el decreto 1851/ 2009 que así lo fija.

El caso que ha dado lugar a la sentencia afecta a un enfermo de talidomida que padecía la discapacidad desde el nacimiento. Así pues, el decreto citado establece unos baremos que algunas de las personas con discapacidad no podían cumplir aunque por la naturaleza de su enfermedad, ésta se hallara presente antes de la entrada en vigor de la norma; en el caso de los talidomídicos es desde el nacimiento. Lo que hace ahora el TS es reconocer que siempre que estas enfermedades no hayan sufrido evolución alguna en el tiempo, los plazos a tener en cuenta deberán retrotraerse a la primera vez en que se valoró el grado de discapacidad de las personas afectadas.

A este respecto el tribunal establece que «No nos encontramos ante una revisión, sino una actualización del baremo, por lo que el periodo total cotizado por el actor lo ha sido habiendo trabajado con un grado de discapacidad superior al 45%, en concreto del 75% al sufrir una patología congénita consistente en agenesia de ambos antebrazos y varios dedos.”

El decreto y la interpretación según la nueva sentencia afecta a las personas que padezcan una discapacidad en relación con las siguientes enfermedades: Discapacidad intelectual, parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome X frágil, osteogénesis imperfecta, acondroplasia, fibrosis quística, Enfermedad de Wilson, trastornos del espectro autista, anomalías congénitas secundarias a Talidomida, secuelas de polio o síndrome postpolio.

El CEDDD aplaude la decisión del Supremo para poder cubrir aquellas situaciones en las que se encuentran muchos trabajadores a quienes, padeciendo alguna de estas enfermedades y un grado de discapacidad superior o igual al 45% a la fecha de solicitud de la jubilación anticipada, no les había sido concedida ésta porque no acreditaban haber trabajado 15 años desde que padecen la discapacidad. Una solución contraria produciría el efecto de perjudicar gravemente el efecto útil de las disposiciones que regulan esta clase de jubilación y frustraría las expectativas creadas en las personas con discapacidad, singularmente de aquellas que contrajeron en su infancia una enfermedad que ha marcado sus vidas y su actividad laboral.

La importancia de los Centros Especiales de Empleo en la Economía Social

  • Una proposición no de ley pone en duda a los Centros Especiales de Empleo pese a su gran función social e integradora de las personas con discapacidad.

Madrid, 18 de marzo de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue trabajando y apoyando el empleo de las personas con discapacidad, especialmente en lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, representados por uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE). Esta importante organización de ámbito estatal con casi 20 años de historia que representa el 70% de los centros especiales de empleo en España y a más de 50.000 trabajadores con discapacidad.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de ERC enmendada con el PSOE para controlar a los Centros Especiales de Empleo. Según sus portavoces algunos Centros se han desviado de su labor social para irse transformando en “mero beneficio empresarial” así como que se debe controlar la  “cesión ilegal de trabajadores” que realizan y por ello es necesario realizar “una campaña antifraude y control financiero” por las subvenciones recibidas. Unas afirmaciones gratuitas que en nada se ajustan a la realidad.

Ante el incumplimiento generalizado de la cuota de reserva de contratos para personas con discapacidad en el mercado ordinario, es fundamental el papel de los Centros Especiales de Empleo. Estas entidades tienen como objetivo principal proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. Hablamos de una figura que da respuesta a una demanda real, la del derecho fundamental del trabajo para las personas con discapacidad.

En ese sentido, es conocido que los CEE reciben ayudas y bonificaciones con la finalidad de lograr esa necesaria inserción laboral. Si se conoce alguna ilegalidad respecto al trabajo de los centros especiales de empleo hay que denunciarla sin lugar a dudas. No obstante, la actividad de  estos Centros está sometida ya a múltiples controles como pueden ser Inspecciones de Trabajo, control por parte de la Consejería de cada CCAA o el propio control tributario de Hacienda. Estas graves iniciativas parlamentarias que expresan en términos generales una desviación de la función de los CEE, nacen del desconocimiento de la realidad de los CEE y se mancha gravemente la imagen de muchos trabajadores y, también, la de los empleadores que dan su vida por la integración de estas personas.

Así pues, el CEDDD rechaza completamente la aprobación de este tipo de iniciativas basadas en afirmaciones que carecen las mismas de todo conocimiento y sensibilidad respecto la gran  labor que realizan los Centros Especiales de Empleo cuya prioridad no es otra que la integración laboral del colectivo de la discapacidad. Un colectivo que desgraciadamente ya ha sufrido bastante como para verse ahora retroceder tan gravemente  en su derecho al trabajo.

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