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Justicia

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El Congreso aprueba por unanimidad el voto de personas con discapacidad intelectual

  • A partir de la entrada en vigor de la nueva reforma, las personas a las que se les hubiese limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad podrán ejercer su voto.

Madrid, 19 de octubre de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) aplaude que el Congreso de los Diputados haya aprobado el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que garantice el derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Tras su aprobación, la propuesta de reforma llegará al Senado para la inclusión, o no, de enmiendas.

En España, hasta el momento, carecían de derecho a voto las personas «incapaces en virtud de sentencia judicial firme» así como «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».

En este sentido, y a partir de la entrada en vigor de la Ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  significa que toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.

El dictamen fue ratificado por unanimidad el pasado 10 de octubre en la Comisión Constitucional, a raíz de la proposición de ley que presentó la Asamblea de Madrid en julio de 2017 tras las directrices que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recomendó a España en 2011. Entre ellas, este órgano de la ONU solicitó revisar «toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás». Y, para ello, el Comité pidió al Estado modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica núm. 5/1985, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar«.

Así pues, España será el octavo país de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a la hora de votar. Austria, Croacia, Holanda, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido suprimieron antes esta barrera que impedía votar a una parte de sus ciudadanos. Esta iniciativa legislativa permitirá votar a las 100.000 personas con discapacidad intelectual que hasta ahora no podían hacerlo.

El Senado acuerda por unanimidad eximir de los peajes a las personas con movilidad reducida

  • La iniciativa plantea una reforma de la Ley de Carreteras para ampliar a las personas con movilidad reducida la exención de los peajes de los que ya se benefician otros colectivos como Fuerzas Armadas o servicios de emergencia y los vehículos eléctricos en determinadas zonas.

Madrid, 14 de setiembre de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) celebra que el pasado miércoles todos los grupos respaldaron la proposición de ley, consistente en eximir del pago del peaje en autopistas a los vehículos de personas con movilidad reducida,  con lo que comienza el correspondiente trámite parlamentario de la iniciativa.

La ausencia de accesibilidad de los sistemas de transporte público lleva a las personas con discapacidad a hacer un uso más intensivo del vehículo privado, con el desembolso añadido que eso supone. Este sobrecoste debe verse compensado con medidas como la exención de peaje de las autopistas, que son concesiones del Estado.  Esta medida se inscribe dentro de las políticas de discriminación positiva a las que están obligados los poderes públicos para favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Dicha reforma legal que pretende declarar exentos de pago a los vehículos de personas con movilidad reducida cuando hacen uso de las autopistas de peaje, obliga a modificar la vigente ley de Carreteras, aprobada en 2015.

Por lo tanto, esta proposición que se va a tramitar tiene que ver con esa demanda de lograr la igualdad, en términos materiales, de unas personas que sufren por sus características personales, una situación de desigualdad. Compensar esa desigualdad eliminando el deber de pago de los peajes en las carreteras se trata de respetar la inclusión y la movilidad para las personas con discapacidad.

La «X solidaria» para empresas

  • La inclusión en los PGE de la ‘X’ del Impuesto de Sociedades, supondrá que a partir de 2019 las empresas podrán destinar el 0,7% de su tributación con Hacienda a actividades de interés general consideradas de interés social.

Madrid, 6 de julio de 2019. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) anuncia que entre las medidas recogidas en los Presupuestos Generales de Estado de 2018 (PGE), publicados en el BOE el  miércoles 3 de julio, destaca la X solidaria en el Impuesto de Sociedades. Las empresas podrán destinar un 0.7% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, a fines de interés social. Esta opción se sumará, a partir del 2019, al compromiso ciudadano de las personas que marcan la casilla 106 en el IRPF y que son casi 11 millones en nuestro país.

Las empresas tendrán también su oportunidad de ser solidarias, sin que tengan que pagar más. Todo ello contribuirá a mejorar las actuaciones a favor de la inclusión social y a llegar a más de 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un mecanismo similar al que opera actualmente en el caso del IRPF para los contribuyentes, con lo que en total, según los cálculos de Hacienda, podrán destinar unos 210 millones de euros, teniendo en cuenta que la cuota íntegra en 2015, última disponible, ascendió a 30.609 millones de euros.

Ahora que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a esta iniciativa, es necesario que se aborde el desarrollo reglamentario, a través de una Real Decreto que especifique los detalles de la propuesta. Además sería interesante impulsar acciones de sensibilización para que las empresas marquen esta nueva casilla y contribuyan a la sostenibilidad económica de la acción social del país.

En definitiva esta nueva “X solidaria social”, que se añade a la existente desde hace más de 30 años en el ámbito del Impuesto de la Renta, permitirá a las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades dedicar, siempre de modo voluntario, el 0,7 % del mismo a dotar una convocatoria anual que financiará programas sociales y de inclusión realizados por organizaciones sociales de ámbito estatal. Esto  va a permitir que estas entidades atiendan a más personas, desarrollen mayores redes de trabajo y lleguen más lejos en su construcción de una sociedad igualitaria.

Asociaciones estatales de mayores y CEAPs acudirán al Congreso a la aprobación de los Presupuestos en los que incluye una enmienda de reducción parcial del IVA de la Dependencia

Las organizaciones que agrupan a más de 5 millones de personas mayores y el Círculo Empresarial de Atención a las personas (CEAPs) acudirán al congreso para ser testigos de la aprobación de la enmienda que hará ‘justicia parcial’ a las personas que requieren de servicios sociales.

Madrid, 27 de junio de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) anuncia que las agrupaciones de mayores que representan a más de cinco millones de personas de tercera edad, entre ellas CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y Amigos Sénior) y Mayores UDP (Unión Democrática de Pensionistas), acudirán junto al Círculo Empresarial de Atención a las Personas, miembro del CEDDD,  al Congreso de los Diputados el jueves 28 de julio, para asistir a la aprobación de la enmienda promovida por CEAPs que ha logrado una bajada parcial del IVA del 10 al 4 por ciento en el acceso a Servicios Sociales básicos.

Concretamente, lo que se ha logrado es la aprobación de una reducción, al 4%, del tipo impositivo que se aplica a los servicios de atención a las personas dependientes y que cuenten con una financiación pública que cubra, al menos, el 10 por ciento de su precio, una medida que afectará a alrededor de 110.000 beneficiarios, pero que deja fuera a la otra mitad que aún deberán abonar un IVA diferente al del resto.

Algo que se ha conseguido mediante una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que había sido pactada por PP y PDeCAT.  Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los afectados por la paradoja del doble, así que CEAPs pretende que el Gobierno siga trabajando para que todos los usuarios paguen el mismo IVA.

“No se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia social” con esta idea,  ya que no existe justificación posible a que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente.

Actualmente, se da el caso de que dos personas que residen en la misma habitación de un centro concertado, con plazas financiadas públicamente y de acceso privado pagan por los mismos servicios y la misma realidad, dos tipos diferentes de IVA. El que abona la factura de forma privada paga el 10 por ciento y para el que tiene reconocida la prestación por Dependencia, es la administración la que paga la misma, se le aplica el 4 por ciento de IVA.

Se da el caso, de que quién accede a la plaza de forma privada puede que esté en lista de espera para recibir el servicio, (CEAPs calcula que el 90 por ciento) y que por lo mismo, pagará durante su estancia en la misma plaza dos IVAs diferentes, sólo viéndose perjudicado cuando es el mismo quién pague la factura.

Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA por acceder a los mismos servicios. Se calcula que el ahorro en caso de igualar totalmente dicho tipo impositivo sería de unos 100 euros al mes por residente.

“Hay que poner los ojos en las capacidades y no en las discapacidades”

  • Almida, entidad de referencia en Castilla La Mancha, asegura que la clave está en descubrir y potenciar las cualidades de las personas con discapacidad para satisfacer las necesidades reales de las empresas de la zona.

Madrid, 20 de febrero de 2018. El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue volcándose en el mundo de la formación y la inserción laboral de las personas con discapacidad. Un proceso que ha recorrido paso a paso guiado siempre por el objetivo de aportar nuevos itinerarios y mejorar el reto de hacer realidad el empleo entre las personas de este colectivo. Sin duda, Almida es una empresa referente en este sentido al desarrollar, desde el terreno y la práctica real, un programa de mejora para adaptar las cualidades de las personas con discapacidad a la demanda del mercado de trabajo.

Creada en 2005, Grupo de Integración Almida, tiene sede en Alcázar de San Juan y fue fundada por Ángel Luis González Olivares, quien apostó por poner en marcha su propia empresa de formación y colocación. Un espacio que le ha permitido promover un programa de mejora para adaptar las cualidades de las personas con discapacidad a la demanda del mercado de trabajo. Almida está trabajando en Albacete, Toledo y sobretodo en La Mancha.

El objetivo principal es la formación laboral, según Olivares. Las personas con discapacidad están muy bien atendidas en el ámbito educativo desde que nacen hasta los 20 o 21 años; España es un referente en la atención educativa a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Se les atiende desde una educación inclusiva que aporta una formación básica y general. Pero ¿qué ocurre después en el ámbito laboral? La cosa se complica.

Otro punto importante en este tipo de entidades  es su dependencia de subvenciones, lo que obliga a realizar proyectos temporales que impiden una continuidad. La solución pasa por crear un protocolo y procedimiento que una las capacidades de cada persona con discapacidad con una formación que potencie y desarrolle esas cualidades y que a la vez se adapte a las necesidades de las empresas de la zona. Y así nace por ejemplo, el Programa de Mejora de las Competencias Sociocognitivas en Personas con Capacidades Diferentes que es el programa de Almida.

El programa empieza por la visita a las empresas para realizar el estudio sobre las necesidades de cada empresario y el perfil de cada puesto de trabajo para finalmente encajar el puzle. Esto es lo que se llama inserción laboral: unir las capacidades con las necesidades laborales que hay en las empresas de tal manera que al final Almida crea una bolsa de trabajadores y un conjunto de oportunidades con el fin de unirlas. Los trabajadores son candidatos a puestos de trabajo que son oportunidades. Su objetivo no son el perfil de las  personas, son las empresas y van cualificando y formando a cada candidato según el perfil de la empresa, siendo esa la fórmula de Almida. La creación de una formación que potencia unas cualidades y ubicar a cada trabajador en el lugar más idóneo. Así hay personas adecuadas para operarios, para recepciones, para guardas, para mozos de almacén, etc.

Los Centros Especiales de Empleo, como es Almida, son programas que tiene el Estado para aquellas empresas que dan empleo a personas con alguna discapacidad. De esta manera se facilita la  inserción con una serie de subvenciones. En el proyecto de Almida ahora mismo esas ayudas no pueden crear una dependencia superior al 30%; es decir el 70% lo obtienen en el ámbito privado para garantizar una continuidad mayor.

El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue luchando por la verdadera inserción laboral a través de entidades como Almida. Cuando trabajamos con personas con discapacidad siempre se han analizado las discapacidades. Y es cierto que las discapacidades son una parte de la persona pero lo que realmente es interesante de conocer son las competencias que tiene cada una de ellas para potenciar las capacidades. Para ello es necesario el diseño de un procedimiento para poder analizar cada caso en particular y crear unos perfiles individuales, centrado en las competencias y desarrollar las capacidades. Poner los ojos en las capacidades que cada una de las personas con discapacidad tiene.

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