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UTCEE denuncia la discriminación contenida en el XV Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad
  • El sindicato de la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo(UTCEE) denuncia que el nuevo Convenio Colectivo vulnera abiertamente los derechos de los propios trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.
  • Los trabajadores, llevando a cabo iguales funciones recibirán diferente remuneración en función de la titularidad del Centro Especial de Empleo.

Madrid, 14 de marzo de 2019.  El  Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) muestra la gran preocupación de los trabajadores con discapacidad representados por uno de sus miembros, la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo(UTCEE),  en lo que se refiere a sus puestos de trabajo en los Centros Especiales de Empleo y  el nuevo XV Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, de ámbito nacional firmado el 13 de marzo de 2019.

Para la Unión de Trabajadores de Centros Especiales de Empleo(UTCEE), la negociación colectiva ha ignorado completamente la realidad del empleo para las personas con discapacidad, al tener como resultado un Convenio discriminador y arbitrario que ha sido firmado por patronales que nada tienen que ver con el sector. La heterogeneidad  y la transversalidad de la representación de Patronales y Sindicatos en la Mesa Negociadora ha permitido que patronales de Centros de Educación Especial y de Centros o Empresas de Atención Especializada a personas con discapacidad hayan firmado un Convenio Colectivo que es también aplicable a los Centros Especiales de Empleo, ignorando y excluyendo el sentir de las organizaciones representativas y patronales de los mismos.

El resultado es un Convenio Colectivo que crea una doble escala salarial y por lo tanto una desigualdad entre trabajadores con discapacidad que, en función de la titularidad del Centro Especial de Empleo donde presten sus servicios –de iniciativa social o no-, hace que se cobre de manera diferente sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. La titularidad del Centro no tiene nada que ver con el trabajador con discapacidad y por ello es absolutamente injusto y discriminatorio que a igual trabajo se paguen salarios diferentes.

En este sentido, cabe recordar que la consideración de la llamada “iniciativa social” fue incorporada de forma totalmente anormal y abrupta por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, la cual supuso una modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad realizada por el Ministerio de Hacienda. Esto ha supuesto la expulsión del mercado de los contratos reservados a la inmensa mayoría de los Centros Especiales de Empleo, que no sean calificados de “iniciativa social”. Esta subcategoría de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, nace gracias a una iniciativa legislativa promovida por CERMI, en favor de su mayor patrocinador el Grupo Social ONCE y del Grupo ILUNION, el cual es titular de 258 Centros Especiales de Empleo que de acuerdo al singular y privilegiado entramado empresarial tiene la consideración de Iniciativa Social.

Ahora esta definición no limita sus efectos discriminatorios y excluyentes al ámbito exclusivo de la contratación pública. Las consecuencias van mucho más allá y una vez excluidos de la contratación pública,  ahora afectan a la propia contratación laboral de los trabajadores con discapacidad mediante esta discriminación salarial y la puesta en peligro de sus puestos de trabajo.

El motivo es que con esta diferenciación salarial, acrecentado con el drástico aumento del 22’3 % del Salario Mínimo Interprofesional,  el Convenio Colectivo introduce una grave alteración en la eficiencia y una vulneración de la competencia que hace peligrar su viabilidad y sostenibilidad, con el consiguiente riesgo para el empleo de 40.000 personas con discapacidad empleadas en más del 50% de los Centros Especiales de Empleo en España que no pueden calificarse “de iniciativa social”-.

Ante esta terrible coyuntura que viven los Centros Especiales de Empleo, los trabajadores con discapacidad se preguntan a quién benefician estas medidas, relacionadas todas ellas a la figura de la Iniciativa Social que solo puede ser cumplida por un gran grupo empresarial que no representa en absoluto a los 2.000 Centros que existen en España. Con todo ello, parece claro que se pretende lograr el cierre de Centros Especiales de Empleo que respondan a cualquier otra iniciativa distinta de la del mencionado grupo empresarial, cuando en realidad todos los Centros realizan la misma función: la integración sociolaboral de las personas con discapacidad.

Y  más incomprensible es aún que se ponga en peligro el empleo de las personas con discapacidad ante la anuencia y pasividad de las Administraciones Públicas. También es completamente inaudito que se haya hecho con la complicidad de los sindicatos UGT y CCOO, los cuáles han firmado el Convenio, despreciando y olvidando los intereses de los 80.000 trabajadores con discapacidad. Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, hacemos un llamamiento a que se ponga fin a estas injusticias y se ayude a los Centros Especiales de Empleo a su supervivencia para evitar que 40.000 personas con discapacidad pierdan su empleo. Es de absoluta justicia y necesidad.