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Ley

Empleo Discapacidad

La nueva legislación de contratación pública vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad.

  • La nueva regulación sobre contratación pública para los llamados sectores especiales, que complementa la general aprobada en 2017, vuelve a excluir a más de la mitad de entidades dedicadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

 

Madrid, 12 de febrero de 2020. El Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) sigue mostrando su gran preocupación en materia de acceso a la contratación pública, especialmente en lo que se refiere a los Centros Especiales de Empleo, representados por uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE).

 

La semana pasada se publicaba en el BOE, el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Esta nueva normativa, igual que la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, reitera los contratos reservados a los Centros Especiales de Empleo pero repite haciéndolo solamente a favor de los considerados de iniciativa social; hecho totalmente discriminatorio e intolerable para el resto de CEE, los cuales suponen nada más y nada menos que más de la mitad de estas entidades en España.

 

A tal efecto, cabe recordar que toda la legislación sobre contratación pública ha sido motivada por las Directivas Europeas sobre la materia. Y en ellas nada se dispone sobre la grave diferenciación entre Centros Especiales de Empleo y la subcategoría de Iniciativa Social; una diferenciación que pone en peligro más de 50.000 puestos de trabajo de personal con discapacidad debido a la manifiesta exclusión en concursos públicos. En la normativa europea únicamente se exige en los contratos reservados que el objeto principal de estas entidades sea la integración social y profesional de personas con discapacidad, así como que el 30% de los empleados sean trabajadores con discapacidad.  Estas condiciones se dan de forma evidente e irrefutable en todos los Centros Especiales de Empleo, sin que sea lícito que se establezca una exclusión que sólo tiende a privilegiar a entidades muy concretas, a limitar las posibilidades de empleo de personal con discapacidad y, en definitiva, a deformar todo el sistema de promoción de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

 

Esta terrible situación vuelve a perpetuarse en una nueva Ley aprobada mediante Real Decreto Ley, cuya extraordinaria y urgente necesidad se basa en evitar más sanciones a España por su tardía transposición. Sin embargo, las garantías democráticas y parlamentarias no pueden ser evitadas a toda costa, cuando de ello se pueden producir consecuencias como la repetición de una devastadora praxis legislativa para el empleo protegido.

 

Y menos aún cuando el Ejecutivo es perfectamente conocedor de que hay en curso una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la transposición realizada por España en la primera Ley de Contratos de Sector Público, concretamente la reserva excluyente y solo a favor de la Iniciativa Social, se ajusta o no al Derecho de la Unión Europea y a sus principios en materia de contratación pública como son los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.

 

Debido a las constatadas dificultades que desgraciadamente sufren las personas con discapacidad para acceder al mundo laboral, el sector lamenta profundamente y condena enérgicamente que estas personas sufran una nueva discriminación dentro de los Centros Especiales de Empleo. Resulta paradójico que pese que unos y otros Centros realizan la misma función, son diferenciados por su titularidad,  forma o su origen. Una diferenciación carente de sentido legal y humano y que vuelve a olvidar la verdadera prioridad de los CEE:  integrar en el ámbito sociolaboral al máximo de personas del colectivo de la discapacidad sin exclusiones.

CEDDD pide una nueva Ley de la Autonomía Personal y de apoyo a la Dependencia en el decimotercer aniversario de la Ley de Dependencia

  • El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, a través de su miembro CEAPS, exige una dotación del 2% del PIB del 0,54% actual, en los apoyos a las personas con cualquier grado de dependencia.
  • El CEDDD analiza la situación actual del sistema de Dependencia en España con el informe “El caos de la dependencia” de CEAPS y propone soluciones al Poder Legislativo y a los Ejecutivos Centrales y Autonómicos.

 

Madrid, 16 de diciembre de 2019. El Consejo Español para la Defensa del Discapacidad y de la Dependencia en el decimotercer aniversario de la publicación en el BOE de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se congratula del avance que supuso, desde el consenso político, los apoyos hacia las personas mayores, personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental, etc. la aplicación de esta ley.D

Sin embargo, a día de hoy es importante recordar tal como anticipa la asociación Estatal de directores y Gerentes de Servicios Sociales, recogido en el informe “El Caos de la Dependencia” realizado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas(CEAPs), se estima que 30.409 personas reconocidas como dependientes han fallecido en 2.018 en España sin haber recibido prestación o servicio, más de 80 personas al día. Asimismo se calcula que más de un cuarto de millón de personas que tienen reconocida su grado de dependencia siguen sin percibir ningún tipo de prestación económica ni servicio o apoyo. habiendo además enormes diferencias en la lista de espera para la dependencia entre las distintas comunidades autónomas; atentando todo ello al principio de igualdad el conjunto de los españoles.

En cuanto a la financiación de los apoyos para las personas reconocidas con cualquier grado de dependencia – moderada, severa y gran dependiente – en el que el Estado iba a aportar el 50% de la inversión que dichas prestaciones, se comprueba que, de media, los usuarios soportan en un 21 por ciento el coste de esos servicios, el 80 % cada Comunidad Autónoma y apenas un 9% el Estado.  CEAPS y CEDDD, exigen elevar la inversión en servicios de apoyo para la autonomía de las personas y de la dependencia al 2% del PIB, lejos todavía del 2,53% de la inversión en los países del entorno europeo.

De modo propositivo, el CEDDD, a través de CEAPS, defiende modelos de concertación inclusivos, que no dejen fuera a ningún centro que quiera participar, independientemente de su naturaleza jurídica, a un precio en el que se tengan en cuenta todos los costes: los directos, la inversión realizada y los salarios que habría que pagar para dignificar el sector, y que serían superiores a los actuales. Los precios y tarifas públicas llevan una década congelados o, incluso, minorados, y en la mayoría de situaciones, no cubren los gastos, lo que incide en la calidad asistencial. Adicionalmente, una verdadera coordinación socio-sanitaria, que cubra todos los costes y necesidades del proceso vital.

Para ello es necesario una nueva Ley, más centrada en la autonomía de las personas mayores:

  • Disponer de un historial social y clínico compartido por administraciones públicas, gestores y familias. Un sistema de evaluación y elección flexible, que se adapte al desarrollo de la dependencia de las personas.
  • Una nueva Ley que garantice que, toda la población con derecho a recibir prestación, tengan el recurso necesario que elijan, con toda libertad e independencia, donde residan.
  • Una nueva Ley que garantice la dignidad las personas mayores atendidas en los centros residenciales y en las instituciones que las atienden.
  • Una nueva Ley que incremente los Servicios que permitan a los mayores estar en casa el mayor tiempo posible.
  • Una nueva Ley que incorpore dispositivos inteligentes en los domicilios de las personas dependientes que reciben el servicio de Teleasistencia permitiría dar un salto cualitativo importante. Las nuevas tecnologías, al servicio de las personas.

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