Las cifras indican que el 7% de la población de personas mayores en España viven situaciones de maltrato. Datos que no se consideran reales, dada la baja denuncia de la persona mayor afectada; que solo se denuncian uno de cada 24 casos.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) alerta del abuso y maltrato a la vejez en el día mundial de toma de conciencia. En el último año, según datos de la OMS, una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en entornos comunitarios.
En el actual contexto se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en muchos países. La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050. Y en este sentido, preocupan las tasas de maltrato a personas mayores las cuales son altas en instituciones: dos de cada tres trabajadores de estos entornos indican haber infligido malos tratos en el último año.
A la discriminación por edad (edadismo) y el aislamiento o la soledad, hay que sumarle una situación de vulnerabilidad de este colectivo que ante situaciones de maltrato genera una situación de alarma y de salud pública que requiere de intervención desde los ámbitos institucionales, sociales, económicos y comunitarios. En definitiva, una clara vulneración de los Derechos Humanos que se produce más en instituciones que en entornos comunitarios.
Estas situaciones pueden conllevar desde lesiones físicas hasta secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración, en particular depresión y ansiedad. Un estudio de seguimiento realizado durante 13 años por la propia OMS reveló que los ancianos víctimas de maltrato tienen una probabilidad de morir dos veces mayor que aquellos que no refieren maltrato.
La pandemia ha sacado a la luz un sistema que adolece de recursos y que llevamos desde este sector, alertando de la vulnerabilidad de las personas mayores y demandando a las Administraciones en múltiples y reiteradas reuniones y encuentros institucionales.
El Estado tiene un deber para con las personas mayores, creando mecanismos que velen por sus derechos y entendiendo que esta situación es un problema de salud pública. Desde CEDDD, seguimos visibilizando, concienciando y trabajando por las personas mayores, sus derechos y su máximo bienestar.
