El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y el COP piden ante la Comisión de Sanidad y Consumo una mayor inversión en salud mental, un refuerzo en la Atención Primaria y una mayor formación a los profesionales.
El Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha llevado su preocupación por la situación de la salud mental al Congreso de los Diputados. En una comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo en la que participaron la adjunta a Presidencia de CEDDD, Mar Ugarte, y el vicepresidente de su asociado Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP), Fernando Chacón, la entidad reiteró su petición de un Plan Nacional contra el Suicidio y solicitó una mayor inversión en salud mental, entre otros asuntos.
Intervino en primer lugar Mar Ugarte, que arrancó su exposición hablando de la transversalidad de CEDDD, entidad asociativa abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas, asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de la Discapacidad, la Dependencia y las Personas Mayores. Acto seguido, trasladó la “profunda preocupación e inquietud” de la entidad por la situación que, según dijo, “a través de nuestras entidades de Salud Mental asociadas, nos trasladan que cada vez más ciudadanos están sufriendo en el ámbito de la Salud Mental, donde las personas con discapacidad y/o dependencia son uno de los colectivos más vulnerables”.
Ante la misma, planteó la necesidad de aumentar la inversión y la formación de los profesionales en el ámbito de la salud mental, así como de reforzarla en Atención primaria; la urgencia de fomentar un modelo de atención comunitaria y protocolos para cuidar la salud mental en entornos laborales, y reiteró la antigua y recurrente demanda de CEDDD para la puesta en marcha de un Plan Nacional contra el Suicidio.
Tras recordar que la media europea está en 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a los seis de España, la adjunta a Presidencia de CEDDD dio paso a la intervención de Fernando Chacón. El vicepresidente del COP reclamó que “la atención y la visibilidad que el Parlamento está prestando a la salud mental, se materialice en acciones concretas, con una plasmación en la práctica y, también, presupuestaria”.
Chacón hizo una radiografía de la Salud Mental en España exponiendo los siguientes datos:
- El 1.2% de la población española sufre psicosis (400.000-500.000 personas).
- El 7,2% de los mayores de 75 años padece demencia.
- El 6,7%, ansiedad.
- El 4,1%, trastornos depresivos.
- Según la ENSE de 2017, el 10% de la población está diagnosticada de un problema mental o psicológico.
- El 27,4% de las pacientes de Atención Primaria presentan problemas psicológicos o mentales.
Al respecto, apuntó que “habría que triplicar el número de profesionales para ponernos al nivel de los países de nuestro entorno” y señaló “las largas listas de espera para ser atendidos en los Centros de Salud Mental y los largos periodos interconsultas” como las consecuencias inmediatas de este déficit. Luego, añadió: “También se echan en falta los recursos comunitarios para la inserción social de los enfermos mentales graves, y los programas de apoyo a las familias”. Al respecto, recordó también que España es el primer país del mundo en el índice de consumo por cada 1.000 habitantes de benzodiacepinas, según recoge el informe de 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
En la misma línea que planteó primero Mar Ugarte, Fernando Chacón se sumó a la petición de un plan integral para la salud mental que, según el criterio del COP, “debería incluir al menos” programas preventivos y más información sobre trastornos mentales desde el Servicio Nacional de Salud; más formación a los profesionales sanitarios y de los sistemas que atienden a colectivos especialmente vulnerables; incrementar los Recursos humanos de psiquiatría, psicología clínica y enfermería; aumentar el número de centros especializados en problemáticas o colectivos específicos; conseguir una atención integral de las personas con trastornos mentales en todos los ámbitos: centros gerontológicos, centros sociales y centros educativos; mejorar la asistencia psicológica en las Instituciones Penitenciarias y en los Centros de Internamiento de Menores Infractores y mejorar la prevención de los riesgos laborales psicológicos y sociales.
“Es el momento de invertir en salud mental, y digo invertir, no gastar”, sentenció al finalizar su intervención.
