El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia advierte que el Anteproyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social recoge la expulsión de todos los centros especiales de empleo que no sean de iniciativa social del sector de la Economía Social.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) exige que el Anteproyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social y la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de abril de 2023, incluya como entidades que conforman la Economía Social a todos los centros especiales de empleo, sin distinción de su categoría y rectifique el agravio sin precedentes que esto supondría para el futuro del sector y sostenibilidad de todos los centros afectados.
La modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, tiene como objeto dejar fuera del paraguas jurídico de la Economía Social a un total de 500 centros especiales de empleo, que no ostentan la calificación de iniciativa social y que a su vez emplean a más de 50.000 trabajadores con discapacidad.
La mayoría de los centros afectados son empresas pequeñas o muy pequeñas, con una media de 100 trabajadores por centro y con recursos muy limitados para el desarrollo de sus finalidades inclusivas, tanto laborales como sociales.
Por ello, las consecuencias de dejar de formar parte de la Economía Social serían devastadoras y supondrían un grave perjuicio para estas entidades respecto a su sostenibilidad económica, poniendo en claro riesgo su presencia en el mercado, ante el posible riesgo de dejar de percibir todas las ayudas que el Estado dispone para el desarrollo de su actividad social.
Es cuanto menos llamativo que la única modificación que el Ministerio de Trabajo ha realizado respecto a que entidades formarán parte del sector de la Economía Social es la inclusión de los centros especiales de empleo de iniciativa social, suprimiendo, por tanto, el redactado anterior que englobaba a todas las modalidades de centros especiales de empleo.
Ley de contratos del sector público
CEDDD muestra su profunda preocupación por la deriva legal que está desarrollando el Estado sobre esta materia, teniendo como origen la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual se crearon los centros especiales de empleo de iniciativa social, estableciendo una clara diferenciación con los centros que no tienen esta calificación y, a su vez, concediéndoles a su favor una cuota de reserva del 10% en la contratación pública, expulsando al resto de centros de la cuota de reserva en los Contratos del Sector Público.
Desde entonces, el legislador no ha cesado en la implementación de leyes y medidas que solo han provocado un aumento del agravio comparativo y la pérdida de competitividad en el mercado por parte de los centros especiales de empleo que no son de iniciativa social (véase, por ejemplo, la aplicación de tablas salariales diferentes).
Ante este escenario, CEDDD advierte que es prioritario subsanar el contenido del anteproyecto de ley con el objetivo de evitar que más de 50.000 trabajadores con discapacidad y sus familias sufran las consecuencias de esta exclusión del ecosistema de la Economía Social.
CEDDD también insta al Gobierno y al resto de partidos políticos en la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo legal de los últimos años a fin de proteger a todas las entidades, sea cual sea su forma jurídica, que están día a día trabajando y aportando todos sus recursos para conseguir una sociedad más inclusiva y justa.
Así mismo, queremos destacar que estas modificaciones legislativas llegan a impulso de un determinado sector asociativo del mundo social. Desde CEDDD entendemos que en nuestra sociedad occidental, democrática, abierta y participativa no deberían tener cabida estas actitudes hostiles hacia entidades hermanas que trabajan para el mismo colectivo social. Por lo que instamos a estas entidades para que cejen en su empeño de expulsar del sector social a los centros especiales de empleo que, con su labor, solo vienen a sumar en favor de los trabajadores con discapacidad.
