El Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) se suma a la defensa del sector sanitario privado como un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y la solvencia del sistema público de salud. En opinión de su adjunta a presidencia, Mar Ugarte, “la sanidad privada ni compite con la pública, ni es una alternativa; sino que ambas forman un sistema único en el que el sector privado alivia la presión asistencial y financiera, dotando a España de una asistencia sanitaria de máxima calidad y además accesible”. Además, continúa, “contribuye a crear empleo y ofrece cada año puestos de alta cualificación”. Y añade: “La demanda de atención sanitaria en las entidades y ciudadanos más vulnerables a los que representamos, necesitan de esa colaboración y optimización asistencial. Servicios sanitarios que durante esta pandemia se han negado, en algunos sectores y paralizado los servicios en otros.”
El CEDDD se alinea así con la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que desde hace 11 ediciones desarrolla el informe ‘Sanidad Privada, Aportando Valor: Análisis de la situación’, en el que se valora el avance de la digitalización y la contribución del sector privado a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) marcados en la agenda 2030 y cuya última edición ha sido presentada recientemente.
El documento pone en valor el papel de la sanidad privada durante la epidemia producida por el SARS-CoV-2 (COVID-19), destacando la necesidad de la imprescindible cooperación pública-privada para adaptarse a los retos que nos plantea el presente y el futuro en términos de envejecimiento poblacional, cronicidad y demanda de servicios de salud. Según los datos del informe, el 62% de los hospitales privados (274 hospitales) son generales y especializados, mientras que el 38% restante (167 hospitales) son hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, de media y larga estancia, y otros centros con internamiento. Respecto al porcentaje de hospitales privados generales y especializados sobre el total de hospitales con esta tipología, se sitúa en el 46%, mientras que el porcentaje de camas es del 25%.
La colaboración entre ambos sectores, ya sea a través de conciertos, mutualismo administrativo o concesiones, además de descargar de presión asistencial y financiera a la sanidad pública, evita duplicidades y riesgos innecesarios, aliviando las listas de espera. Prueba de ello son las conclusiones de un estudio elaborado por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), según el cual la sanidad privada ha llegado a atender al 19% de los pacientes con afectación Covid-19 y al 14,2% de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos.
La sanidad privada también es una fuente de empleo cualificado. Según las estimaciones del informe de Fundación IDIS, en España da empleo a 278.291 profesionales en todas las actividades del sector. De ellos, el 61% trabaja en el ámbito extrahospitalario y el 39% lo hace en el ámbito hospitalario.
Su contribución a la consecución de la Agenda 2030 manifiesta a través de diversas formas: las actividades con sus entidades para poner fin a la pobreza (ODS 1), mejorar la educación, especialmente en relación con estudiantes y profesionales del sector (ODS 4), aplicar políticas activas para reducir desigualdades o la igualdad de género (ODS 10 y 5) y la generación de empleo (ODS 8). También apuesta por la innovación (ODS 9), políticas ambientales orientadas al cuidado y la sostenibilidad del entorno (ODS 13) y al fomento de alianzas en su trabajo conjunto con entidades tanto públicas como privadas (ODS 17).
Por todo ello, el CEDDD aboga por la convivencia coordinada de ambos sectores, de forma que los ciudadanos tengan la capacidad de poder elegir la asistencia sanitaria que mejor se adapta a sus necesidades.
