El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia apoya la supresión del término ‘disminuido’ de la Carta Magna, pero manifiesta sus reservas ante un redactado que abriría las puertas al control legislativo de la discapacidad por parte de una sola entidad.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) celebra la voluntad manifiesta del PP y PSOE de modificar el art. 49 de la Constitución para sustituir “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” por “personas con discapacidad sensorial, física o intelectual”. Sin embargo, muestra su más absoluto rechazo a cualquier reforma que vaya más allá del cambio de terminología en el redactado.
CEDDD entiende que el anteproyecto que propone el Gobierno facilita la influencia en procesos legislativos de una determinada facción de la discapacidad, que en ningún momento ha sido representante de todas las voces del sector. Al contemplar que las políticas de discapacidad sean “adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad”, el proyecto del Gobierno constitucionaliza la participación de determinados lobbies en la adopción de las políticas públicas.
Todo proceso legislativo que tenga como destinatarios a las personas con carácter general va a afectar a las personas con discapacidad y, según el artículo 105 de la propia Constitución, está regulado el trámite de audiencia a las asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de las disposiciones administrativas que les afecten.
De salir adelante el actual anteproyecto, en virtud de la reforma constitucional, unas “organizaciones representativas” que no dejan de ser entidades privadas y que, a diferencia de sindicatos o patronales, no tienen un reconocimiento ni una regulación específica, se convierten por mandato constitucional en órgano consultivo con obligada intervención en todo proceso normativo.
El resultado sería el monopolio de la interlocución, excluyendo a otros sectores de la discapacidad tanto o más representativos, que verían directamente vetada su participación en todas las políticas que afectan a todas las personas y entidades de la discapacidad en general.
A este respecto, CEDDD advierte que, aunque es positivo que los poderes públicos escuchen activamente a la sociedad civil, el movimiento social de la discapacidad no pertenece a ninguna entidad llamada representativa en exclusiva, ni a sus intereses particulares; todo lo contrario, dicho movimiento social es abierto, heterogéneo, plural, diverso en sus iniciativas y debe ser constructivo ante todo; sin que quepa tal limitación a la participación de las entidades categorizadas como representativas de un determinado tipo de discapacidad o de unos determinados intereses singulares. Esta opinión ha sido trasladada a todos los grupos políticos por el presidente de CEDDD, en una carta enviada ayer a sus dirigentes.
