Asociaciones, empresas y usuarios coinciden en la necesidad de modificar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española en la jornada organizada por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia en colaboración con asociación La Barandilla para conocer los efectos de esta norma en las organizaciones sociales.
Empresas abocadas al cierre y concursos de contratación pública desiertos son las principales consecuencias de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que desvincula los precios públicos del IPC y los asocia a los costes. Por ello, urge modificarla e incluir medidas de emergencia que reduzcan el riesgo para las empresas que contratan con la administración pública, sean de iniciativa pública o privada, en situaciones excepcionales.
Estas son algunas de las conclusiones en las que coincidieron ayer los participantes en la jornada CEDDD ‘Ley de desindexación y su impacto social’, organizada por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) en colaboración con Asociación La Barandilla, analizar la viabilidad del sistema que regula la Ley de Contratos del Sector Público.
En una primera mesa epigrafiada ‘Empresas sociales’ y moderada por el abogado especialista en centros especiales de empleo Juan Pedro del Castillo, personalidades representantes de empresas dan servicio a la administración pública analizaron el impacto de la Ley de Desindexación desde su posición, aportando cifras de casos reales. Participaron en esta primera charla Albert Campabadal, presidente del Grupo Sifu y del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD); Marina del Corral, directora general de CEAPS, y Arturo Gívica, subdirector general de ASISPA.
Los asistentes coincidieron en destacar la buena voluntad con la que vio la luz la ley en el año 2015, así como en señalar sus efectos devastadores para buena parte del tejido empresarial del país después de un periodo de contingencias en el que han coincidido una pandemia mundial, un conflicto bélico local con repercusión internacional o catástrofes naturales que repercuten en la economía de un país, como ha sido la erupción del volcán de La Palma.
Entre otras cuestiones, Albert Campabadal puso sobre la mesa el cierre de más de 20.200 empresas en el año 2022; Marina del Corral el hecho de que el 75% de los servicios esenciales que presta la Administración lo hace a través de empresas privadas y Arturo Gívica detalló cómo su empresa tuvo que afrontar un gasto de más de 30 millones de euros tras serle adjudicada una licitación en el año 2019.
Posteriormente, tuvo lugar una segunda mesa de debate titulada ‘Servicios a personas’ y moderada por el periodista Javier Cámara, director de Dependencia.info. En esta ocasión, analizaron los efectos de la Ley de Desindexación Arantxa Martín Bedate, vocal en la junta directiva de Federación Nacional de Familias Numerosas; Luis Cruz, director del centro especial de empleo Integra (grupo CLECE), Aurelio López Barajas, CEO Supercuidadores y José Luis Fernández, representante del JUPEN USO jubilados y pensionistas de sindicato USO.
Al igual que sus antecesores, los asistentes coincidieron en la buena intencionalidad que tenía la ley en origen, si bien estos efectos no se han visto reflejados con el paso del tiempo en el bolsillo del consumidor final, que es la sociedad en su conjunto.
En la situación actual, los representantes de la sociedad civil instaron a que se modifique la ley para ajustar los precios de los contratos a los incrementos de coste, al tiempo que instaron a las empresas a apostar por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). “Tienen que apoyarse en el dividendo empresarial”, dijo José Luis Fernández.
En esta línea, insistieron en la necesidad de encontrar una fórmula consensuada por ambas partes, administración y empresas, para que se garanticen la prestación de los servicios sociales que se sufraga mediante contratación pública. Un acuerdo que a priori no parece fácil, tal y como llegado este punto matizó Luis Cruz: “Hemos intentado concienciar a la Administración de que los servicios esenciales de calidad tienen un coste, pero hasta la fecha no ha surtido efecto”, dijo.
La jornada está disponible en el canal de YouTube de CEDDD, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=btWGwBhVczU&t=5778s
Sobre la Ley de Desindexación
Aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española desvincula los precios de los servicios públicos del IPC, bloqueando la revisión periódica y predeterminada de los precios de los contratos del sector público. Entre otras cosas, esto implica que las empresas que contraten con alguna administración u organismo del sector público se comprometen a ejecutar el contrato sin variaciones de precio durante todo el tiempo que dure el mismo.
En una época convulsa como la actual, resultado de años de pandemia y un conflicto bélico local con consecuencias mundiales como la guerra de Ucrania, la tendencia en el terreno económico es a la inflación, originada por la subida de precios de las materias primas, y afecta a toda la cadena de valor.
Ante este panorama, la repercusión de la Ley de Desindexación tiene unos efectos especialmente negativos para las empresas que adquieren compromisos contractuales con el sector público, muchas de ellas de ámbito social.
Lo que empezó siendo un debate abierto sobre sus implicaciones, se ha convertido actualmente en un motivo que está empujando a muchas compañías gestoras a entrar en pérdidas o dejar desiertos los concursos de adjudicación por no poder garantizar una prestación del servicio que cumpla con los estándares de calidad adecuados. Y todo ello conduce al verdadero problema que subyace en este contexto: los más susceptibles de sufrir las consecuencias son las personas que hacen uso de estos servicios, en nuestro caso, las personas con discapacidad, sus familias, las personas mayores y trabajadores con discapacidad, además de las personas dependientes.
