Con al menos un 70% de la plantilla integrada por personas con discapacidad, los Centros Especiales de Empleo (CEE) son sin duda uno de los instrumentos más potentes de integración en el mercado laboral de este colectivo. Una función social especialmente importante en España, ya que solo una de cada cuatro personas con discapacidad está empleada.
Desde 1985 en nuestro país ha existido un tratamiento único para el modelo de Centro Especial de Empleo con independencia de sus características particulares, de si carece o no de ánimo de lucro o de su origen público o privado. Sin embargo, este pacífico escenario se vio alterado en 2017, cuando, a través la Ley de Contratos del Sector Público, se definió una subcategoría de CEE, el de Iniciativa Social, y comenzó a darse un tratamiento privilegiado a esta subcategoría.
Desde la entrada en vigor de esta Ley, las licitaciones públicas diferencian a los CEE según su titularidad y solo se permite el acceso a la contratación reservada a los mal denominados CEEs de Iniciativa Social. Lo cierto es que todos los CEEs desarrollan una actividad económica con un mismo objetivo: la integración social y laboral de las personas con discapacidad y, sin embargo, la Ley no los trata a todos por igual. Actualmente, unas 115.000 personas con discapacidad tienen trabajo gracias a un modelo en el que coexisten los CEE de iniciativa privada y los de iniciativa social. Con el cambio de legislación de 2017, la mitad de CEE en España quedan fuera de una reserva en la contratación pública que pone en riesgo 60.000 puestos de trabajo en estas entidades, al impedir el acceso a unos contratos reservados que, en muchos casos, incluso quedan desiertos, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo que ello representa para las personas con discapacidad.
“Es evidente que los centros especiales de empleo de iniciativa social se ven favorecidos por la legislación española controvertida”
El asunto ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), donde el Abogado General ha hecho públicas recientemente sus conclusiones reconociendo que “es evidente que los centros especiales de empleo de iniciativa social se ven favorecidos por la legislación española controvertida”. En la misma línea, el informe cuestiona que la legislación actual pueda “excluir a un gran subgrupo de operadores económicos que en el pasado han servido, actualmente sirven y en el futuro tienen intención de seguir sirviendo exactamente a los mismos fines y atendiendo a ese sector de la población meramente por la forma jurídica que ellos o sus propietarios últimos adoptan”.
CEDDD se suma a la demanda de CONACEE y exige que se garantice la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad mediante la contribución a la integración en la sociedad a través del empleo y la ocupación en los CEE. Es necesario que en España se haga un correcto uso de la potestad que confiere la Directiva para la reserva en la contratación para con todos los CEE, pues es precisamente la composición de la plantilla un requisito común para todos ellos, y la que justifica ese acceso, más allá de la titularidad o forma jurídica que adopte el CEE. Es necesario revisar la Ley de Contratos del Sector Público y permitir participar en la contratación pública reservada en iguales condiciones a todos los Centros Especiales de Empleo sin exclusiones, a fin de conseguir la máxima inclusión en la sociedad, efectiva y real, de las personas con discapacidad.
Lo anterior sin olvidar que, además, resultado de la negociación con los sindicatos del convenio colectivo, existe una doble tabla salarial que obliga únicamente a los CEE de iniciativa privada a aplicar el convenio de la actividad que desarrollan sus trabajadores cuando prestan servicios a terceros, lo cual, paradójicamente, en términos reales significa que, pese a desarrollar un mismo trabajo, las condiciones salariales son peores para los trabajadores de los CEE de iniciativa social.
