La Cámara Baja debatirá y votará en sesión plenaria una reforma que modifica tanto la Ley General de Discapacidad como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha decidido asumir directamente la deliberación y votación final del proyecto de ley que reforma la normativa sobre discapacidad y dependencia. La iniciativa salió adelante con 338 votos a favor, ningún voto en contra y seis abstenciones.
Con esta decisión, la Cámara Baja debatirá y votará en sesión plenaria una reforma que modifica tanto la Ley General de Discapacidad como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. El plazo de enmiendas sigue abierto hasta el día 18, en un proceso que marcará el alcance definitivo del texto.
Una reforma que amplía derechos y servicios
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, pretende reforzar la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal.
Entre las principales novedades que se anuncian, destacan:
- Nuevos apoyos en viviendas compartidas y modelos de convivencia colaborativa.
- Refuerzo de la asistencia personal.
- Préstamo o cesión temporal de productos de apoyo.
- Ampliación del servicio de ayuda a domicilio, que podrá incluir acompañamiento en actividades comunitarias.
- Reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal.
- Prestaciones o servicios transitorios para personas con dependencia en grado II o III cuando no puedan acceder de inmediato al recurso asignado.
- Compatibilidad entre empleo y prestaciones del sistema.
- Impulso a la accesibilidad universal, con un programa estatal específico.
Además, se refuerzan derechos como la libre elección de servicios, la permanencia en el entorno deseado y la atención libre de sujeciones.
CEDDD pide cambios antes de la votación definitiva
En paralelo al debate parlamentario, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), que agrupa a más de 3.000 entidades del sector, ha presentado enmiendas al proyecto.
La organización valora avances como el reconocimiento de la teleasistencia o la ampliación de la asistencia personal, pero advierte de que la reforma puede quedarse en el papel si no se garantizan financiación suficiente y seguridad jurídica en aspectos clave.
Empleo protegido: preocupación por los CEE
Uno de los puntos más sensibles en la reforma de discapacidad y dependencia es la nueva definición de empleo protegido. El texto sustituye la referencia tradicional a los Centros Especiales de Empleo (CEE) por el concepto de “empresas para la inclusión laboral”.
El CEDDD alerta de que esta redacción podría dejar fuera a los CEE de iniciativa empresarial o mercantil, lo que pondría en riesgo más de 500 centros y alrededor de 60.000 empleos de personas con discapacidad.
La entidad pide mantener el reconocimiento legal y el apoyo económico a todos los CEE, independientemente de su forma jurídica, y defiende un modelo plural en el que convivan iniciativas públicas, sociales y empresariales.
Financiación del sistema: la clave para que la ley sea efectiva
El Consejo también insiste en que el principal problema estructural del sistema de dependencia es su infrafinanciación.
Aunque la ley establece una cofinanciación teórica del 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, el Estado estaría aportando actualmente en torno al 27,6% del gasto total, según datos del sector. Esta situación se traduce en listas de espera prolongadas y diferencias entre territorios.
Por ello, el CEDDD propone incorporar en la ley un compromiso financiero vinculante que obligue al Estado a alcanzar progresivamente el 50% de financiación. También plantea crear un mecanismo estatal de supervisión —como un Observatorio o Comisionado de la Dependencia— para garantizar la igualdad de acceso en todo el país.
Más medidas para dignificar los cuidados
Entre otras propuestas, el Consejo reclama:
- Garantizar financiación real para que la asistencia personal se desarrolle plenamente.
- Mejorar la calidad laboral del sector de los cuidados mediante ratios e inspecciones específicas.
- Incrementar el apoyo económico a cuidadores familiares y asegurar su compatibilidad con servicios de respiro.
- Reforzar la gobernanza participativa y el diálogo civil en el desarrollo de la ley.
Una votación con impacto en todo el sistema
La decisión de que sea el Pleno del Congreso quien asuma el debate final da mayor relevancia política a una reforma que afecta directamente a millones de personas con discapacidad, en situación de dependencia y personas mayores.
En las próximas semanas, los grupos parlamentarios deberán decidir si incorporan las enmiendas planteadas por el sector. El resultado de la votación final determinará no solo el alcance de los nuevos derechos reconocidos, sino también si se refuerzan las garantías económicas y laborales que reclaman las entidades sociales.
La reforma entra así en su fase decisiva, con el foco puesto en convertir las declaraciones de derechos en medidas efectivas y sostenibles.
