- Gran preocupación en el Consejo Español para la Defensa de las Personas con Discapacidad y/o con Dependencia por la nueva regulación en materia de contratos reservados a CEE.
Madrid, 30 de noviembre de 2017. Hace unas semanas finalmente se aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector Público la cual ha hecho saltar las alarmas en el Consejo Español para la Defensa de las Personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD). Uno de sus miembros fundadores, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), entidad de ámbito estatal con casi 20 años de historia que representa el 70% de los centros especiales de empleo en España y a más de 50.000 trabajadores con discapacidad, lleva tiempo advirtiendo sobre la definición discriminatoria de “Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social” contenida en la redacción de la Ley de Contratos del Sector Público que desafortunadamente ha sido aprobado sin ningún tipo de consideración al respecto.
Cierto es que hay que alabar que la Ley establezca una reserva de contratos públicos en el ámbito de la Administración General del Estado en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción del 7 %, inicialmente, y del 10 % transcurrido un plazo de 4 años desde la entrada en vigor de esta norma legal.
Sin embargo el problema viene en la modificación de la Ley General de derechos de las Personas con Discapacidad, de lo que se consideran “Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social”. Se trata de un concepto no definido ni legislado hasta la actualidad y que choca frontalmente con el criterio de CONACEE, mucho más amplio e integrador. Supone una clara vulneración de las normas europeas sobre competencia creando una discriminación entre Centros Especiales de Empleo que hasta ahora no existía, perjudicando así a los trabajadores con discapacidad de unos Centros Especiales de Empleo en favor de trabajadores de otros Centros sin justificación alguna. Sin duda, entra en consideraciones formales diferenciadoras cuando ni la Ley de Economía Social ni la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad se habían pronunciado hasta la fecha.
Todo ello teniendo en cuenta que esta disposición legal no es el ámbito adecuado para modificar el ámbito de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ignorando la postura de grandes entidades representativas del colectivo. Tanto el CEDDD como CONACEE llevan tiempo intentando trasladar este escenario a las diferentes comisiones políticas encargadas de tramitar la Ley y también al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de Empleo. Por desgracia, no se ha conseguido participar en las enmiendas de la Ley como sí han podido hacer otras entidades, ni tampoco sus advertencias han sido tenidas en cuenta; por lo que dicho escenario se ha terminado produciendo.
Constatada la honda preocupación que existe en los Centros Especiales de Empleo, el CEDDD sigue trabajando para se suprima dicha discriminación y exclusión entre Centros Especiales de Empleo. Dado el momento en que nos encontramos con la Ley ya aprobada, se está intentando que se mitigue al máximo posible el grave perjuicio que ello supone. Porque no son sólo muchos puestos de trabajo los que peligran, sino que también es el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, a tener una vida digna y plena.
