CEDDD insta a la Comunidad de Madrid a que elimine los trastornos mentales de la lista de condiciones que excluyen para participar en el programa Rutas Culturales Para Personas mayores.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) quiere manifestar su malestar con la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) por segregar a las personas mayores con trastornos mentales y/o discapacidad en el programa Rutas Culturales Para Personas Mayores, del que en principio se pueden beneficiar todas las personas mayores de 55 años residentes en la Comunidad de Madrid.
Dicho programa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración firmado por la (CAM) y la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), con el fin de favorecer y diversificar la ocupación activa del tiempo libre de las personas mayores. No obstante, deja fuera a buena parte de este colectivo, ya que solo pueden participar “personas autónomas, que no necesiten ayuda de otra persona o de medios mecánicos para la realización de las actividades básicas de la vida diaria”, y requiere “no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo”, tal y como se puede leer en la web de la CAM relativa a la oferta.
Más allá de esto y “con carácter especial”, el programa cuenta con “rutas más fáciles” para progenitores con hijos con discapacidad que sean mayores de edad y para “personas que precisen ayuda de medios mecánicos o de otra persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria y para la participación en las actividades de la ruta”, teniendo que proveer el apoyo la persona acompañante.
A nuestro entender, la habilitación de rutas específicas para personas con discapacidad es una medida segregacionista, que además vulnera los derechos humanos de este colectivo, recogidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De igual modo, la exclusión de personas de una actividad por cuestión de salud mental supone una vulneración en toda regla de sus derechos, al tiempo que implica un batacazo y va en contra de todo el trabajo que están realizando entidades no gubernamentales y sociedad civil para que la Salud Mental se convierta en un asunto de Estado y se tracen las líneas para su inclusión en la sociedad.
Ante tal situación que sigue estigmatizando a las personas mayores con perfiles de Salud Mental, instamos a la Consejería de Asuntos Sociales de la CAM a que elimine las condiciones excluyentes en el citado programa, a fin de seguir avanzando en el ámbito de la inclusión. Máxime si se trata de un programa dirigido a la inclusión de personas mayores, quienes por cuestiones naturales asociadas a la edad son más tendentes a necesitar apoyos de terceros e incluso a tener discapacidad.
