El Consejo de Ministros acordó en febrero de 2019 establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
La iniciativa fue una propuesta de la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, con el objetivo de conmemorar y reconocer la importancia de la convención, instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad.
La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico.
Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos de este colectivo. Se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo.
Todo ello ha supuesto importantes cambios, entre los que destacan la visibilidad de este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas. La legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la UE en esta materia.
La declaración del 3 de mayor como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad conmemora la entrada en vigor en España de la ratificación del texto internacional y nos recuerda que los poderes públicos reconocen y deben garantizar el acceso y pleno ejercicio de sus derechos a las personas con discapacidad.
