Para el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia la media puede provocar desigualdades por cuestión de territorio, entre otros temores.
27 de octubre de 2025. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) reconoce el avance que supone la aprobación del nuevo grado de dependencia extrema para personas con ELA en fases avanzadas y personas con enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Se trata de una medida necesaria para garantizar cuidados especializados, intensivos y continuados en domicilio. Sin embargo, no puede ocultar sus dudas importantes sobre la viabilidad real de la medida si no se acompaña de garantías de financiación, recursos profesionales y coordinación entre administraciones.
En primer lugar, la dotación anunciada contempla hasta 10.000 euros mensuales por paciente en fase avanzada. Para CEDDD esta cifra implica un coste elevado y sostenido en el tiempo. “La intención es positiva y está alineada con una demanda histórica. Pero sin una financiación estable, estructural y garantizada más allá de la voluntad política del momento, existe el riesgo de que este derecho quede de nuevo en el papel y en nuevas expectativas frustradas”, señala Mar Ugarte, vicepresidenta de CEDDD.
Asimismo, inquieta el hecho de que la financiación de la medida se reparta entre Estado y comunidades autónomas al 50%. Por experiencia del trabajo con sus asociados, CEDDD advierte que esta fórmula puede provocar diferencias de acceso según el territorio. “Sabemos que las comunidades no parten de la misma situación. Si no se asegura una financiación igualitaria y obligatoria, habrá ciudadanos que reciban la atención y otros que sigan esperando”, añade Ugarte.
Otra de las preocupaciones es la capacidad real del sistema para disponer de profesionales especializados para la atención intensiva en domicilio. La medida prevé una ratio estimada de cinco profesionales por paciente. “Hoy no contamos con suficiente personal formado en este tipo de cuidados complejos. Sin planificación y sin inversión en profesionales, la medida no podrá ponerse en marcha de manera homogénea”, afirma la vicepresidenta de CEDDD.
El Consejo también recuerda que el sistema de dependencia arrastra retrasos significativos en las valoraciones y concesión de prestaciones. Para la entidad, la reducción de estos tiempos debe ser prioritaria. “No podemos permitir que los pacientes vuelvan a morir esperando una resolución. La atención tiene que llegar a tiempo”, insiste Ugarte.
Desde CEDDD se subraya que el avance legislativo es un paso necesario, pero que ahora lo fundamental es garantizar su aplicación real, equitativa y urgente. “Las familias necesitan certezas. Necesitan saber que esta vez sí. Que el derecho llegará, y llegará a tiempo. Ese es el compromiso que el Estado debe cumplir”, concluye Ugarte.
CEDDD es la asociación más transversal, libre y accesible por la defensa de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como las personas mayores.
