El inicio de 2026 llega con anuncios relevantes en materia de protección social, discapacidad y dependencia, pero desde las entidades sociales advertimos que los avances, aun siendo positivos, siguen sin responder plenamente a las necesidades reales de las personas a las que acompañamos cada día.
Las administraciones públicas han apostado este año por reforzar determinadas prestaciones y mantener medidas de protección social, en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida y la cronificación de la pobreza entre personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia.
Una subida de pensiones que alivia, pero no garantiza una vida digna
La revalorización de las pensiones en 2026 vuelve a situar el debate en el centro. Mientras las pensiones contributivas se actualizan conforme al IPC, las pensiones no contributivas (PNC) experimentan una subida del 11,4%, una de las más elevadas de los últimos años.
Desde el tercer sector valoramos positivamente este incremento, que permitirá a muchas personas respirar económicamente tras años de pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, debemos ser claros: una pensión no contributiva sigue estando muy por debajo del umbral de pobreza, incluso tras esta subida.
Con cuantías que apenas superan los 600 euros mensuales, las personas beneficiarias continúan enfrentándose a serias dificultades para afrontar gastos básicos como la vivienda, la energía, la alimentación o los apoyos derivados de una discapacidad.
Dependencia y discapacidad: avances lentos frente a una realidad urgente
2026 se perfila como un año clave para la reforma del sistema de atención a la dependencia y a la discapacidad. Las administraciones han anunciado mejoras en la simplificación de trámites, en los procesos de valoración y en el refuerzo de servicios como la ayuda a domicilio o la asistencia personal.
No obstante, desde las entidades sociales insistimos en que los tiempos institucionales no se corresponden con la urgencia de las personas. Persisten listas de espera inasumibles, desigualdades territoriales y una infrafinanciación estructural que limita el acceso real a los derechos reconocidos por ley.
La falta de apoyos suficientes sigue recayendo, en demasiados casos, sobre las familias —especialmente las mujeres— que asumen cuidados sin el reconocimiento ni los recursos necesarios, como se viene denunciando desde CEDDD.
Reivindicamos un compromiso real con la vida digna
Desde las entidades sociales reconocemos los avances que trae 2026, pero reiteramos que no son suficientes. Es imprescindible:
- Elevar las pensiones no contributivas hasta niveles acordes al coste real de la vida.
- Garantizar una financiación adecuada y estable del sistema de dependencia.
- Reducir de forma efectiva las listas de espera.
- Reconocer y apoyar a las personas cuidadoras.
- Avanzar hacia un enfoque de derechos, no de mínimos asistenciales.
Las personas con discapacidad, las personas mayores y quienes viven en situación de dependencia no pueden seguir esperando. 2026 debe ser el año en el que las políticas públicas pasen de los anuncios a los hechos y en el que el derecho a una vida digna deje de ser una promesa pendiente.
