Expertos, juristas, psicólogos, representantes institucionales y asociaciones civiles coinciden en el Congreso en la urgencia de actuar de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores con discapacidad en los entornos educativos.
25 de noviembre de 2025. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) celebró ayer una jornada monográfica dedicada al acoso por discapacidad. Un espacio de encuentro y reflexión que reunió a expertos, juristas, psicólogos, representantes institucionales y asociaciones civiles. La cita subrayó la urgencia de actuar de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores con discapacidad en los entornos educativos.
La inauguración estuvo a cargo de D. Albert Campabadal, presidente del CEDDD; el Excmo. Sr. Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional; y Dña. Susana Tejadillos, directora general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Tejadillos subrayó que el Ministerio trabaja para convertir los principios en realidades tangibles. Explicó que la prioridad es garantizar una educación equitativa y de calidad en centros seguros. Recordó que 8 de cada 10 estudiantes con discapacidad han reconocido sufrir violencia escolar y advirtió que la pasividad ante el acoso “es también una forma de responsabilidad”. Anunció la elaboración de un plan estratégico contra el bullying y en favor de la educación inclusiva.
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, recordó que la justicia no recae solo en manos de los jueces. Señaló que durante años muchos actos de acoso se han normalizado como dinámicas propias de los centros educativos y que el silencio de víctimas, testigos y escuelas ha contribuido a ello. Alertó de la gravedad del fenómeno: la Memoria de la Fiscalía de 2024 detectó 1.196 casos de acoso escolar y un impacto creciente del ciberacoso. Subrayó un dato inquietante: el 33,5% de las víctimas no sabe identificar si está siendo acosada. “Quiero enviar un mensaje claro: cualquier delito tendrá una respuesta, más intensa o menos, pero siempre con una reparación moral”, afirmó.
Derecho, protocolos y responsabilidad social
La primera mesa, “Protocolos eficaces y responsabilidad jurídica ante el bullying por discapacidad”, fue moderada por Dña. Carmen Casanova Álvarez, abogada experta en discapacidad y facilitadora judicial. Intervinieron:
- D. Carlos Fernández Pascual, Copresidente de la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM.
- Dña. Macarena Ortiz Tejonero, Fiscal de la fiscalía provincial de Madrid.
- D. Pilar López Bueno, miembro del Consejo Asesor de la Sección de Discapacidad, Mayores e Inclusión del ICAM.
- Dña. Sara Antúnez, abogada y presidenta de la asociación StopHaters.
Casanova alertó del aumento de internamientos involuntarios de menores tras intentos de suicidio, lo que evidencia el impacto extremo del acoso. Defendió la necesidad de planes de convivencia para alumnado, profesorado y familias.
Ortiz explicó que el primer paso legal ante el acoso es acudir al centro escolar. Indicó que, si el agresor es inimputable, la intervención pasa a servicios sociales. Recordó que la comisión por omisión convierte en coautor a quien no actúa: “Nada sale gratis, el precio se paga”, señaló, apuntando a la responsabilidad de las familias.
López reivindicó la mediación como herramienta de cultura de paz, más allá de la resolución puntual de conflictos.
Antúnez hizo un llamamiento a la conciencia social. Reflexionó sobre la deshumanización ligada al uso constante de redes sociales: “Antes el bullying duraba lo que duraba la jornada escolar; hoy dura 24 horas, siete días a la semana”. Reclamó formación en cibercivismo, mayor implicación familiar y una difusión clara de las sanciones para que el mensaje cale.
Impacto emocional, escuelas y familias
La segunda mesa, “Impacto psicológico y familias. Intervención clínica, escuela y voz de las familias”, fue moderada por Melisa Tuya, directora de Capaces en 20 Minutos.
Intervinieron:
- D. Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, Jefe de Grupo del Plan director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su Entorno.
- D. Javier Lastra, Decano del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria.
- Dña. Mónica Mir, vicepresidenta de Best Buddies España.
- Dña. Milagrosa Bascón, socióloga y profesora de la Universidad de Córdoba.
Cabiedas subrayó la importancia de formar a los docentes para detectar todas las formas de acoso. Recordó que no todo es violencia física y que el acoso psicológico también destruye. Alertó sobre el papel de la tecnología: “Existen aplicaciones diseñadas para acosar. El ciberacoso no deja descanso”. Defendió la relevancia del testigo: “No es un chivato. Es parte de la solución”, afirmó.
Mir destacó la soledad como una de las expresiones más devastadoras del acoso. Defendió el valor de la prevención y el ejemplo social: “Tenemos que aprender a valorar la diferencia como algo positivo y enseñar con el ejemplo”. Señaló que el sistema educativo afronta estas situaciones con recursos muy limitados: “No hay un plan para cuidar la parte social; los profesores lo hacen como pueden”. Añadió que no puede exigirse a las familias convertir a sus hijos en abanderados: “La decisión de optar por un centro de educación especial es muy difícil”, expresó.
Bascón puso el foco en la importancia de expresar y nombrar el problema. “Antes el bullying no se hablaba, y lo que no se habla no existe”, afirmó. Reivindicó mayor concienciación sobre la discapacidad y una política educativa concreta. Explicó que la prevención en infantil puede comenzar por la educación emocional.
Lastra, desde la perspectiva clínica, señaló que el profesorado tiene un compromiso innegable con la educación, pero carece de herramientas suficientes para afrontar situaciones complejas.
El Bullying como forma de “violencia estructural”
La jornada concluyó con la lectura de la Declaración Institucional del CEDDD, realizada desde el Congreso de los Diputados por Mar Ugarte, vicepresidenta del Consejo. Un texto que reafirma el compromiso del CEDDD con la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad y reclama medidas sólidas, coordinadas y sostenibles frente al acoso.
Durante su intervención, Mar Ugarte denunció que el acoso escolar por razón de
discapacidad sigue siendo “una forma de violencia estructural” que vulnera derechos fundamentales y exige una respuesta inmediata y coordinada. La declaración recordó la obligación del Estado español, conforme a la Convención de la ONU, de garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de discriminación.
Ugarte instó a actualizar los protocolos contra el acoso, incorporando explícitamente la variable discapacidad, asegurando su aplicación homogénea en todo el territorio, activación rápida, seguimiento evaluable y consecuencias jurídicas cuando corresponda. Reclamó también “el refuerzo de servicios psicológicos accesibles y especializados”, así como formación específica para personal educativo, alumnado y familias en convivencia, accesibilidad y detección temprana.
La declaración subrayó la necesidad de cooperación entre centros, fiscalía, fuerzas de seguridad, servicios sociales y entidades de la discapacidad, y apeló a la sociedad a combatir prejuicios y prácticas discriminatorias. Concluyó reclamando voluntad política y recursos suficientes para garantizar que ningún menor con discapacidad tenga miedo de ir a clase, recordando que su protección es un deber democrático y ético.
CEDDD es la asociación más transversal, libre y accesible por la defensa de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como las personas mayores.
