El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) valora positivamente la aprobación definitiva de la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas, una norma que amplía derechos y prestaciones y refuerza la atención a las personas con discapacidad, en situación de dependencia y mayores.
No obstante, CEDDD considera que el verdadero reto comienza ahora: garantizar que los nuevos derechos puedan hacerse efectivos en todo el territorio. La entidad advierte de que una ampliación de prestaciones y servicios debe ir acompañada de financiación suficiente y estable.
“Nadie puede estar en contra de ampliar derechos. Nosotros los hemos defendido siempre. Pero cuando aumentan las prestaciones, los servicios y las obligaciones del sistema, también deben aumentar de forma suficiente y estable los recursos económicos para sostenerlos”.
Financiación y equidad territorial, claves para la aplicación de la ley
CEDDD señala que el sistema continúa afrontando problemas estructurales como las listas de espera, los retrasos administrativos y las diferencias territoriales en el acceso a servicios y prestaciones. Por ello, considera necesario que la aplicación de la nueva ley permita avanzar hacia una atención más homogénea en toda España.
En este sentido, la entidad reclama una senda de financiación plurianual y finalista, que permita responder al incremento de derechos y a las necesidades reales del sistema, así como un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que aporte estabilidad a largo plazo.
CEDDD reclama mecanismos de control y transparencia
Junto a la financiación, CEDDD considera imprescindible establecer mecanismos independientes de control, evaluación e inspección que permitan comprobar el cumplimiento de la ley en las distintas comunidades autónomas.
Entre las medidas propuestas se encuentran la evaluación de los tiempos de tramitación, la evolución de las listas de espera, el acceso efectivo a los nuevos derechos y la igualdad territorial. También plantea la publicación periódica de informes públicos de seguimiento que permitan conocer el grado de cumplimiento de las administraciones.
Para CEDDD, la aprobación de la ley representa un avance, pero su impacto dependerá de su aplicación efectiva.
“El papel lo aguanta todo. Lo verdaderamente importante es comprobar dentro de uno, dos o tres años si han disminuido las listas de espera, si las diferencias territoriales se han reducido y si las familias reciben realmente los apoyos prometidos”.
La entidad seguirá colaborando con las administraciones públicas y con el conjunto del sector para impulsar el desarrollo de la nueva norma, al tiempo que mantendrá una posición de vigilancia para que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras reales y evaluables para las personas y sus familias.
