Los retrasos en la gestión del reconocimiento y la obtención de los certificados de discapacidad merman la calidad de vida de las personas que la tienen, al impedirles ejercer los derechos que lleva aparejados este documento
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), que trabaja a diario para sensibilizar y defender los derechos de estos colectivos, pone el foco en los retrasos que registran todas las comunidades autónomas en el otorgamiento y gestión de los certificados de discapacidad, poniendo en riesgo la salud y bienestar de quienes presentan una condición de discapacidad, sobrevenida o no.
La realidad nos demuestra que las personas con discapacidad, aun estando reconocidas legalmente, continúan teniendo obstáculos para acceder a determinados servicios, como la atención temprana o a una educación adecuada a sus necesidades. Unos apoyos imprescindibles, que se tornan inalcanzables cuando la discapacidad es incipiente y el certificado que la acredita no se resuelve en el tiempo necesario.
En el escenario actual, post pandemia, la situación es aún peor. Los avances experimentados en inclusión se contrarrestan con una burocracia que acarrea retrasos de entre uno y tres años para tramitar un certificado de discapacidad, poniendo en jaque a miles de familias que encontrarían una ayuda y alivio en los derechos sociales, familiares, económicos y otros servicios públicos que determine la legislación específica gracias a este reconocimiento. Porque al final, con independencia de la verificación administrativa, la discapacidad sigue estando ahí y debe ser atendida lo mejor posible.
Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, entre los cuales el ODS17 persigue la reducción de las desigualdades, el CEDDD reclama la habilitación del personal y los medios necesarios para agilizar estos trámites, a fin de que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Así mismo, una vez más, pedimos que se refuerce la protección para estos colectivos, entre los más vulnerables de la sociedad, para evitar su exclusión social.
Este manifiesto se dirige también a la sociedad en general, sin la cual la integración real de las personas con discapacidad sigue siendo una entelequia. Porque la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es tarea de todos y porque la fuerza del conjunto es determinante para hacer incidencia en los agentes políticos.
Desde CEDDD pedimos unidad a las instituciones y a la sociedad civil con el objetivo de apoyar y empoderar a las personas con discapacidad de una forma real y efectiva, pues su dignidad pasa por respetar todas las iniciativas que contribuyan a esta importante misión.
Sin exclusiones, todos sumamos.
