El Consejo para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia pide a las administraciones que no escatimen en inversiones para poder garantizar el derecho a la Educación de todas las personas, especialmente aquéllas con algún tipo de discapacidad, en la que será la vuelta al cole más cara de la historia.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) pide a los poderes públicos en la vuelta al cole 2022 que garanticen el derecho a la educación de todas las personas, especialmente de colectivos vulnerables, como el de la discapacidad, así como el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos. A este respecto, el #movimientoCEDDD advierte de la puesta en peligro del principio de Igualdad y la libertad de elección del Derecho a la Educación por los previsibles recortes que trae consigo la LOMLOE.
La comunidad educativa al completo afronta este 2022 uno de los comienzos de curso más tensos de los últimos años, con los padres en alerta por la vuelta al cole más cara de la historia, los profesores vigilantes ante la negativa de Educación de reducir las ratios por aula y la incertidumbre laboral de los profesionales que ejercen en los colegios concertados y privados. Con un gasto medio de 400 euros por estudiante, el nuevo año escolar es particularmente difícil para las Familias Numerosas y en concreto para aquellas que tienen algún miembro en edad escolar con discapacidad, pues sus necesidades disparan el gasto por encima de la media. Ante esta situación, el CEDDD manifiesta su temor a que algunos derechos fundamentales de las personas, como son la educación y la libertad de enseñanza, se vean vulnerados.
Por ello, en línea con la Constitución Española de 1978 y con tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el CEDDD exige que se garanticen todos los apoyos necesarios para que profesores y estudiantes afronten con seguridad el inicio escolar más convulso de las últimas décadas.
En este sentido, queremos hacer una mención especial al alumnado con discapacidad y con necesidades especiales, por necesitar unos soportes diferentes al resto de estudiantes, así como a aquellas personas en riesgo de exclusión social, con más limitaciones para acceder al material escolar. Además, reclamamos el derecho al trabajo y a la salud laboral de los profesores, exigiendo una bajada de las ratios y más inversión en la educación concertada.Al igual que nuestros asociados FSIE y FEUSO, hacemos hincapié en aquellos centros de Educación Especial y Educación Infantil, unos de los principales damnificados por esta falta de financiación.
La supervivencia de estos centros pasa por el apoyo a su servicio y por apostar por los profesionales que ejercen en ellos, respetando el número de líneas (grupos por curso) para el que está diseñado cada centro, cubriendo las bajas de forma efectiva y reduciendo las ratios y la temporalidad del profesorado. Solo así se podrá garantizar el derecho de los estudiantes a la educación, de los padres a la libertad de elección y de los profesores a la libertad de enseñanza.
