El presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad, en compañía de su asociada CONACEE, se reúne con diputados PP y Vox para conocer su posición ante la medida que estudia el Ministerio de Trabajo.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha iniciado una ronda de reuniones con partidos políticos en busca de apoyos para evitar que el Ministerio de Trabajo derogue las ayudas al empleo protegido, tal y como se ha dado a conocer hace apenas unos días. Una iniciativa que para #movimientoCEDDD supondría un frenazo a todas las políticas por la inclusión desarrolladas hasta la fecha y que ya ha recibido el rechazo del sector de la discapacidad en bloque.
Los primeros encuentros tuvieron lugar ayer con diputados de los principales partidos de la oposición, Partido Popular (PP) y Vox. El presidente de CEDDD, Albert Campabadal, acudió acompañado de representantes de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), asociada del Consejo. La comitiva estaba integrada por el nuevo presidente de CONACEE, Gregorio Garcia Brunelli; Luis Cruz, vocal, y la directora de la entidad, Almudena Fernández-Golfín.
Por parte del PP la reunión se produjo con Carmen Navarro, vicesecretaria general de Política Social del partido; en el caso de Vox, las interlocutoras fueron las diputadas María de la Cabeza Ruiz, Georgina Trías y el diputado Juan José Aizcorbe. En ambos casos, Albert Campabadal destacó la buena sintonía con los partidos de la oposición a la hora de defender los intereses de los trabajadores con discapacidad.
En su defensa de los derechos de las personas con discapacidad, movimiento CEDDD ya ha manifestado públicamente su rechazo frontal y unánime a las intenciones del Ministerio de Trabajo de derogar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, uno de los colectivos de más difícil inserción en el mercado laboral.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 4,5 millones de personas con discapacidad; de las que están en edad de poder trabajar, solo una de cada cuatro tiene un empleo. Dichos puestos de trabajo estaban protegidos por medidas dirigidas a fomentar la estabilidad y la calidad del empleo, como la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad.
La eliminación de esta bonificación golpearía directamente al empleo de las cerca de 100.000 personas con discapacidad que trabajan en alguno de los 2.300 centros especiales de empleo, así como a las personas con discapacidad que están en la empresa ordinaria, poniendo en peligro su continuidad laboral.
