Abogado, escritor y experto en accesibilidad Francesc Romeu pide lectura fácil en la documentación electoral de los próximos comicios para garantizar el derecho al voto a toda la población.
La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad, hombres y mujeres, puedan vivir de forma independiente y participar plenamente la sociedad en igualdad de condiciones. Así lo señala en su preámbulo la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
En esta línea, la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, establece en su artículo 9 que «la información y la comunicación deben estar disponibles en formatos fáciles de leer y modos y métodos aumentativos y alternativos para las personas con discapacidad que utilizan esos formatos, modos y métodos».
Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que toda la información que emana de las administraciones sea accesible para todas las semanas. Por ellos, con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, el abogado, escritor y experto en accesibilidad Francesc Romeu, asociado a CEDDD, reclama a la Junta Electoral Central que toda la documentación para la gestión de las Mesas Electorales y toda la documentación relativa al voto sea emitida también en Lectura Fácil.
Con motivo de esta petición, charlamos con él sobre accesibilidad, su protección y su aplicación en España.
- ¿Qué es para usted la accesibilidad?
Las acciones para conseguir la Accesibilidad Universal son aquellas que garantizan el uso y disfrute de todas las instalaciones, bienes y servicios por parte de toda la ciudadanía, con o sin discapacidad, de la manera más fácil, cómoda, autónoma segura y libre. La accesibilidad para algunas personas es fundamental, pero para todas es necesaria, porque aumenta la calidad de vida de toda la población.
- ¿Cómo es su marco jurídico en España?
En España existe mucha legislación. Solamente en el año pasado, año 2022, se aprobaron seis leyes y ordenes al respecto. Hay normas con su régimen sancionador que cada vez está siendo más exigido su cumplimiento por usuarios y entidades.
- ¿Qué opinión le merece la legislación europea en este ámbito?
Ahora mismo, acaba de aprobar el Senado y está en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley para la transposición de una norma europea para incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico nacional. Homogeneizar la normativa europea es un reto, pero lo es aún más incorporar en sus políticas presupuestarias las partidas y programas para la implantación de acciones y medidas concretas en todos los países miembros, para conseguir la Accesibilidad Universal y el desarrollo de políticas activas de inclusión social real.
- Y frente a la teoría legal, ¿cuál es la realidad?
El incumplimiento sin sanción. No obstante, hay que admitir que cada vez hay más concienciación por parte de las administraciones públicas y empresas y entidades privadas en cumplir las normas, ya no solo por obligación legal o concienciación social, sino porque se han dado cuenta que dar respuesta en accesibilidad, diseño universal e inclusión, también mejora su posición en la sociedad y en el mercado, mejora la calidad de sus servicios y productos y aumenta su potencial público objetivo. La Accesibilidad empieza a verse no solo como una obligación legal o parte de la responsabilidad social corporativa: empieza a entenderse como una estrategia de marketing empresarial y social cuyas mejoras ayudan y benefician a toda la población sin excepción.
«Dar respuesta en accesibilidad, diseño universal e inclusión mejora la posición de las organizaciones y empresas en la sociedad y el mercado, mejora la calidad de sus servicios y aumenta su potencial público objetivo».
Francesc Romeu
- ¿En qué posición deja esta falta de accesibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad o que no tienen una autonomía plena?
Pues, obviamente, en una situación de discriminación y ataque frontal a sus derechos, por lo que es necesario que haya una mayor concienciación, control e implantación de acciones que garanticen el uso y disfruto de todos los bienes, instalaciones y servicios de entidades públicas y empresas privadas (no sólo las físicos, también las tecnológicos) por parte de toda la ciudadanía, con la máxima seguridad y autonomía posible, para que todos podamos desarrollar nuestros planes de vida con la máxima libertad y dignidad.
- En general, ¿son accesibles las empresas y los organismos en este país?
No, no lo son. Y cuando hablamos de organismos, no solamente hablamos de las instalaciones. La Accesibilidad debe entenderse de manera transversal y global porque forma parte de todas las facetas de nuestra vida. Nos solamente son los edificios, hablamos del transporte público, la justicia, la sanidad, la cultural, el mundo del arte y del deporte… Tenemos que entrar en una nueva dimensión en la concepción de la Accesibilidad para que se entienda universal, transversal y global y que nada quede al margen de ser fácil accesible y usable por todas las personas.
- ¿Qué pueden hacer para ganar en accesibilidad?
Todas las entidades públicas y privadas deben tener en vigor, actualizado y aprobado su Plan estratégico de Accesibilidad Universal que forma parte transversal de toda la empresa.
- ¿Qué implica para una empresa ser accesible?
Una empresa debe entender la Accesibilidad desde dos puntos de vista: hacia fuera, hacia sus clientes, su posición en el mercado, la calidad de servicios y productos, su posicionamiento de marca y su participación social y, hacia dentro, hacia sus trabajadores, sus planes de formación y capacitación, planes de emergencia y evacuación, instalaciones y servicios, contratación laboral, protección de datos… En estas dos dimensiones encontramos acciones concretas a implantar siguiendo prioridades de la empresa y conseguir, por tanto, una estrategia global que aumenta clientes, calidad de los servicios y mejor ambiente laboral.
- A nivel económico, ¿qué inversión requiere un plan de accesibilidad?
La Accesibilidad es rentable, porque invertir en accesibilidad hace que la gente invierta en ti. De todos modos, desarrollar e implantar un plan de accesibilidad depende de la empresa, de su dimensión e implantación. El desarrollo y redacción del Plan estratégico de Accesibilidad Universal no requiere una gran inversión, ya que es una auditoria y consultoría de todo lo que hay que desarrollar e implantar, en qué prioridades y tiempos. Además, siempre se trabaja por implantar acciones y ajustes razonables de tal manera que se mejore la accesibilidad, se cumpla a ley tenga el menor coste para la empresa.
- ¿Existen soluciones asequibles para conseguir entornos accesibles?
Sí, cada vez más. Empresas, institutos tecnológicos y de investigación, Universidades… están desarrollando productos y procesos cada vez innovadores, fáciles de implementar. Hay mucho desarrollo tecnológico y telemático que nos va a ayudar a salvar muchas barreras con inversiones cada vez menores. Por eso, es necesario una Gran alianza de todos los sectores de la sociedad por conseguir una inversión real, un compromiso real, una acción real que nos lleve a desarrollar modelos claros que consigan la igualdad de oportunidades y posibilidades
- A nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para conseguir avanzar en accesibilidad?
Cada uno de nosotros tenemos que participar activamente de normalizar la inclusión, de vivir y convivir sin señalar a nadie y sin generar guetos o sesgos discriminadores. Tenemos en la educación la mayor baza para conseguir la normalización de la convivencia. No obstante, también tenemos que exigir el cumplimiento de la ley, denunciar cuando sea necesario y exigir a las empresas y administraciones públicas que apliquen las leyes, dediquen presupuestos necesarios para conseguir la eliminación de las barreras físicas, tecnológicas, sociales y culturales.
