La ley 8/2021 de 2 de junio representa un avance significativo en nuestra legislación civil y procesal, al incorporar medidas de apoyo para las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta reforma legislativa introduce la figura del facilitador judicial, cuyo rol es esencial para asegurar que las personas con discapacidad reciban el apoyo necesario durante los procesos judiciales.
El objetivo del facilitador judicial es que las personas con discapacidad participen en los procesos judiciales en condiciones de igualdad con las demás partes involucradas, garantizando así la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esta figura no ha de confundirse en ningún caso con la del mediador, que tiene otras funciones diferentes.
A este respecto, la mediación se presenta como un procedimiento alternativo para la resolución de conflictos, donde la figura del mediador juega un papel clave en la búsqueda de un entendimiento y acuerdo entre las partes, evitando así la necesidad de judicializar el conflicto.
Mientras que la mediación busca prevenir la judicialización de los conflictos, el facilitador judicial se centra en acompañar y apoyar a la persona con discapacidad a lo largo de todo el proceso judicial. Esto incluye informar sobre los plazos existentes, los derechos que asisten a la persona y las acciones que puede emprender, además de asistir y hacer más accesible el proceso, asegurando la igualdad durante toda la duración del procedimiento judicial.
Por el momento, no existe una norma que desarrolle la figura del facilitador judicial, si bien la Comunidad de Madrid ya ha anunciado su intención de regularlo por decreto. En este sentido, desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) estamos trabajando para presentar nuestras propuestas sobre cómo entendemos que ha de ser esta figura.
*Recuerde que este post proporciona información orientación informativa. Para una consulta más profesional puede ponerse en contacto con nuestros de expertos en asesoría legal.