El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia lamenta profundamente que en la redacción del Proyecto de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, no se haya contado con CONACEE, primera y más antigua Patronal de Centros Especiales de Empleo de España.
14 de noviembre de 2024. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) alerta sobre el grave riesgo de destrucción de empleo para personas con discapacidad en España que pueden acarrear algunas iniciativas legislativas en ciernes. Concretamente, los cambios planteados en el Proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social ponen en peligro la continuidad de cerca de 60,000 puestos de trabajo ocupados por este colectivo, lo cual genera una profunda preocupación en el sector y en las familias afectadas.
La inquietud de CEDDD está motivada por la propuesta de modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tiene por objeto dejar fuera del paraguas jurídico de la Economía Social a un total de 1655 centros especiales de empleo, que no ostentan la calificación de iniciativa social y que a su vez emplean a más de 60.000 trabajadores con discapacidad.
Desde su creación en 1982 con la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), los Centros Especiales de Empleo (CEEs) son una herramienta clave para asegurar un empleo remunerado a personas con discapacidad en España. Según datos oficiales del SEPE, en 2022 había 2,417 CEEs en el país, que emplean a más de 124,000 personas, de las cuales 106,429 tienen alguna discapacidad.
Atendiendo a la misma fuente, el 68.5% de estos CEEs no estaban calificados como de Iniciativa Social. En el año 2022 trabajaban en ellos 61.425 empleados con discapacidad. El temor de CEDDD radica en que el Proyecto de Ley acabe con la posibilidad de que muchos de estos centros sigan operando, ya que plantea eliminar su reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General.
Tal y como advierte la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), asociada a CEDDD, la modificación que se plantea en la normativa “dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto en el que ya enfrentan grandes barreras para integrarse en el mercado laboral”.
En este sentido, cabe recordar que solo el 25% de los 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que hay en España, tiene empleo. De ellas, 100,000 trabajan en CEEs, sean de Iniciativa Social o no. Para las personas con discapacidades de especial dificultad (discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad física igual o superior al 65%), la situación es aún más complicada, pues solo 1 de cada 10 tiene empleo y la mayoría de ellos se encuentra también en CEEs.
Este hecho pone en relieve el papel social que desempeñan todos los CEEs, más allá de lo que pueda establecer una etiqueta asociada a su iniciativa. Para CEDDD, la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral no solo tiene un impacto positivo en la vida de los propios trabajadores, sino también en la economía y en la cohesión social del país. La pérdida de estos empleos no solo dejaría a miles de personas sin ingresos, sino que aumentaría la dependencia de las familias y del Estado, generando un costo económico y social elevado.
Por ello, en línea con CONACEE, considera fundamental que los legisladores comprendan que la propuesta de ley actual excluye a una mayoría de los CEEs que no están calificados como de Iniciativa Social, pero que representan más del 70% de las nuevas contrataciones de personas con discapacidad. Además, estos centros, en su mayoría, son pequeñas empresas fundadas por personas con discapacidad o sus familiares, quienes se esfuerzan por ofrecer un entorno laboral adaptado y digno.
Asimismo, CEDDD lamenta profundamente que en la redacción del Proyecto de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, no se haya contado con CONACEE, primera y más antigua Patronal de Centros Especiales de Empleo de España. Este hecho ha dejado indefensos a los CEEs que no tiene la calificación de social y que son mayoritarios en el sector, dado que Confederación Española Para la Economía Social (CEPES) únicamente representa y defiende los intereses de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social presentes entre sus asociados.
Por todo ello, CEDDD reclama la urgente y necesaria revisión del citado Proyecto de Ley y que se escuche a todos los actores implicados. En palabras del presidente de CEDDD, Albert Campabadal, “no se puede avanzar en inclusión social y económica dejando fuera del mercado laboral a decenas de miles de personas con discapacidad, muchas de las cuales difícilmente encontrarán otra oportunidad” fuera de un Centro Especial de Empleo.
Con el objetivo de transmitir este mensaje a los responsables políticos, CEDDD ha iniciado una ronda de contactos con los partidos, que arrancó ayer en el Congreso con sendos encuentros con los diputados Josep María Cervera, de Junts per Catalunya, y con los diputados del Partido Popular (PP) Ana Isabel Alós, Isabel Prieto Serrano, Violante Tomás Olivares, Agustín Parra, Alma Alfonso Silvestre, Rosario Cayuela y Jaime Arellano.
CEDDD es la asociación más transversal, libre y accesible por la defensa de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como las personas mayores.
