La nueva norma, que pasa ahora para su tramitación en el Senado, dejará fuera del marco jurídico de la Economía Social a 1.655 Centros Especiales de Empleo (CEE) sin calificación de iniciativa social, donde trabajan más de 60.000 personas con discapacidad.
10 de diciembre de 2025. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) expresa su profunda preocupación ante la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley de Economía Social, que ha contado con el rechazo del PP y Vox y ahora pasa al Senado.
El Consejo critica que la norma avance sin consenso político ni diálogo suficiente con el sector, y alerta de que la Ley refuerza el papel de una sola organización como entidad social estatal y colaboradora de la administración, consolidando un monopolio histórico que podría perjudicar a otros Centros Especiales de Empleo (CEE) y limitar las oportunidades de empleo protegido para miles de personas con discapacidad.
Un riesgo cierto para más de 60.000 puestos de trabajo
CEDDD advierte que la modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011 dejaría fuera del paraguas jurídico de la Economía Social a 1.655 CEE sin calificación de iniciativa social, donde trabajan más de 60.000 personas con discapacidad.
Según datos del SEPE, en 2022 existían 2.417 CEE, que empleaban a 106.429 personas con discapacidad, de las cuales 61.425 trabajaban en centros sin calificación de iniciativa social. Este modelo empresarial ha sido clave desde 1982 para la inclusión laboral de personas con discapacidad, especialmente de quienes enfrentan mayores barreras.
En este sentido, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), asociada a CEDDD, advierte que “la propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo”. La situación es aún más crítica para quienes presentan discapacidades de especial dificultad, donde solo 1 de cada 10 tiene trabajo, principalmente en CEE.
Una posible ruptura del principio “a igual trabajo, igual salario”
CEDDD alerta de que la Ley introduce una diferenciación entre CEE de economía social y CEE de iniciativa empresarial, que podría generar:
- Doble banda salarial según la titularidad del centro.
- Desventaja competitiva de los CEE de iniciativa empresarial en la contratación pública.
- Pérdida del reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General, poniendo en riesgo la continuidad de cientos de centros.
Muchos de estos centros —pequeñas empresas fundadas por personas con discapacidad o sus familias— han sido históricamente un motor real de inclusión laboral, y su desaparición supondría un retroceso significativo.
Falta de consenso sectorial y necesidad de revisión
CEDDD lamenta que la Ley haya sido aprobada sin participación de su asociada CONACEE, la patronal más representativa de los CEE, dejando sin voz al segmento mayoritario del sector y limitando la protección de los trabajadores.
El Consejo insta al Senado a revisar de manera urgente la Ley, garantizando:
- Igualdad de trato entre todos los modelos de CEE.
- Coexistencia equilibrada entre iniciativa social e iniciativa empresarial.
- Protección prioritaria del empleo de las personas con discapacidad.
En palabras de Albert Campabadal, presidente de CEDDD: “No se puede avanzar en inclusión social y económica dejando fuera del mercado laboral a decenas de miles de personas con discapacidad, ni reforzando monopolios que limitan la diversidad y las oportunidades de empleo protegido”.
CEDDD mantiene su mano tendida al diálogo y confía en que el Senado introduzca rectificaciones que garanticen igualdad, justicia y sostenibilidad del empleo protegido en España.
CEDDD es la asociación más transversal, libre y accesible por la defensa de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como las personas mayores.
