Durante la sesión, expertas en el ámbito social y jurídico analizaron las barreras procesales a las que se enfrentan las personas con adicciones y problemas de salud mental, destacando la urgencia de humanizar el sistema legal y garantizar el derecho constitucional a la igualdad ante la ley.
La defensa de los derechos de las personas con discapacidad y dependencia exige una mirada constante hacia aquellos entornos donde las barreras resultan más invisibles e infranqueables. Con este propósito, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia (CEDDD), en colaboración con su entidad asociada ASEPADUAL, organizaron la jornada informativa online «Mediación en el ámbito familiar y patología dual: análisis de su viabilidad y necesidad».
La sesión, moderada por Mar Ugarte en representación del CEDDD, contó con las intervenciones de Rocío Rodríguez, integradora social de ASEPADUAL, y Carmen Casanova Álvarez, eje de la jornada; abogada especialista en discapacidad y facilitadora judicial. A lo largo del encuentro, se puso de manifiesto cómo la falta de adaptación de los procedimientos legales sitúa a las personas con patología dual en una posición de extrema indefensión, y cómo la figura de la facilitación procesal se erige como una solución indispensable.
Desarmar el doble estigma de la patología dual
Para situar el contexto social de los afectados, Rocío Rodríguez explicó que la patología dual responde a la coincidencia en una misma persona de un trastorno por consumo de sustancias y un problema de salud mental, como el trastorno límite de la personalidad, la esquizofrenia o el autismo. Esta realidad conlleva un doble estigma que condiciona gravemente su vida cotidiana y su interacción con las instituciones.
Por un lado, la sociedad tiende a culpabilizar a la propia persona de su adicción, obviando que la drogodependencia está reconocida científicamente como una enfermedad mental. Por otro lado, en el ámbito sanitario persisten inercias donde las crisis emocionales o brotes en urgencias son abordados con respuestas puntuales o farmacológicas inmediatas, sin articular el seguimiento psicoterapéutico a largo plazo que requieren estos pacientes. Esta inestabilidad constante incrementa el riesgo de verse envueltos en conflictos familiares o litigios judiciales sin la preparación ni el respaldo adecuados.
La facilitación judicial: traducir el derecho a la accesibilidad cognitiva
Ante un sistema de justicia caracterizado por un lenguaje técnico opaco y un entorno formal que puede resultar hostil, Carmen Casanova Álvarez desgranó el papel de la persona facilitadora judicial. Esta figura, neutral y técnica, no sustituye la labor de la defensa ni la voluntad de la persona, sino que actúa detectando las barreras cognitivas y comunicativas para proponer a los tribunales los ajustes razonables necesarios.
Casanova subrayó que las adaptaciones van desde la gestión flexible de los tiempos de espera hasta la simplificación del lenguaje, la incorporación de apoyos visuales o la modulación de protocolos en sala. La facilitadora recordó que el marco legal español ha evolucionado significativamente a través de la Ley 8/2021 de reforma del sistema de apoyos y, más recientemente, con la Ley 4/2026, cuya Disposición Adicional 18ª consagra a nivel estatal la figura del facilitador procesal y establece la nulidad de pleno derecho para aquellos procedimientos donde no se hayan aplicado los ajustes obligatorios. Además, se destacó que para solicitar esta figura no es preciso contar con un certificado de discapacidad o dependencia, bastando con la acreditación de un diagnóstico médico
Prevenir la indefensión y promover la justicia colaborativa
Durante la jornada se expusieron realidades alarmantes que constatan la urgencia de aplicar la normativa. Un dato revelador compartido en la sesión indica que el 78% de las personas ingresadas en centros penitenciarios con problemas de salud mental son diagnosticadas una vez que ya están cumpliendo condena, lo que evidencia un fallo previo en la detección durante el proceso legal. Asimismo, se examinaron casos reales en los que la falta de adaptaciones derivó en sentencias anuladas por la Audiencia Provincial de Madrid o en acuerdos de conformidad firmados involuntariamente por personas que no alcanzaban a comprender las consecuencias penales de lo que aceptaban.
Frente a la confrontación contenciosa, la jornada defendió el valor de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y la justicia colaborativa. Evitar la judicialización agresiva resulta clave para preservar los vínculos familiares y proteger el proyecto de vida de las personas con discapacidad o salud mental. Para avanzar hacia una inclusión real, se sintetizaron tres propuestas prioritarias: la creación de un Turno de Oficio oficial de facilitadores procesales, la implantación sistemática de la Lectura Fácil en las resoluciones judiciales y la formación continua a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad impartida por facilitadores en activo.
Como conclusión del encuentro, Mar Ugarte enfatizó la necesidad de dotar a las leyes de presupuesto y recursos, impulsando una labor coordinada en red entre el tejido asociativo, los operadores jurídicos y las familias para garantizar que la justicia sea verdaderamente humana, accesible e igualitaria.
Puedes volver a ver el desarrollo íntegro de la jornada y profundizar en el debate a través del canal oficial del CEDDD en YouTube: Mediación en el ámbito familiar y patología dual
