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CEDDD
16 de noviembre de 2026

CEDDD analiza las propuestas sobre discapacidad, dependencia y personas mayores en los programas electorales 

Los programas electorales presentados hasta el 15 de noviembre incorporan medidas sobre discapacidad, dependencia y personas mayores, aunque persisten importantes diferencias en financiación, plazos y nivel de concreción 

Las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y las personas mayores vuelven a ocupar un espacio relevante en el debate político de cara a las elecciones de 2026. Con el objetivo de evaluar el alcance real de las propuestas dirigidas a estos colectivos, CEDDD ha analizado los programas electorales presentados hasta el 15 de noviembre por once formaciones políticas. 

El estudio revisa las medidas incluidas en ámbitos como la dependencia, la accesibilidad, el empleo, la educación, las pensiones, los cuidados y la autonomía personal. La principal conclusión es que, aunque existe una presencia significativa de propuestas relacionadas con estos ámbitos, siguen observándose importantes diferencias en cuanto a su nivel de desarrollo, financiación y capacidad de convertirse en derechos efectivos para la ciudadanía. 

Propuestas diversas para retos compartidos

El análisis refleja enfoques muy distintos entre las formaciones políticas a la hora de responder a los desafíos que afrontan las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y las personas mayores. 

Entre las medidas identificadas figura la propuesta del PP de establecer una deducción fiscal del 40% por la contratación de atención profesional para personas mayores dependientes. Por su parte, ERC incorpora referencias concretas a una financiación adicional para el sistema de dependencia, cifrada en 2.018 millones de euros para 2026 y 7.200 millones para 2027. Asimismo, SALF detalla los costes estimados de su propuesta de reforma del sistema de pensiones y plantea una pensión mínima condicionada a 35 años de cotización. El BNG, por su parte, reclama una deuda histórica en materia de dependencia con Galicia que sitúa por encima de los 3.000 millones de euros. 

En el caso del PSOE, el programa incorpora una programación económica plurianual para la aplicación de la reforma de discapacidad y dependencia, un PERTE de cuidados vinculado al Fondo España Crece, medidas de apoyo a la vida independiente y visitas domiciliarias periódicas para personas mayores de 80 años. También incluye una propuesta de remuneración equivalente al Salario Mínimo Interprofesional para las personas cuidadoras principales, aunque sin detallar todavía cuestiones clave como su alcance definitivo, los requisitos de acceso o el coste presupuestario asociado. 

Otros programas también incorporan medidas de interés. VOX plantea el refuerzo del presupuesto destinado a la dependencia, la atención en el hogar y las plazas residenciales. Coalición Canaria vincula sus propuestas de financiación estable, accesibilidad y cuidados a las necesidades específicas del archipiélago. PACMA desarrolla iniciativas relacionadas con la accesibilidad cognitiva, la atención temprana, el empleo, la cultura inclusiva y la atención a las personas mayores. 

La financiación sigue siendo la gran incógnita 

Más allá de las medidas anunciadas, el análisis pone de manifiesto una cuestión recurrente: la dificultad para conocer con precisión cómo se financiarán muchas de las propuestas planteadas, quién será responsable de ejecutarlas y cuál será el calendario real para su puesta en marcha. 

En numerosos casos, los programas incluyen compromisos políticos que carecen de detalles suficientes para evaluar su viabilidad o impacto. Esta falta de concreción dificulta que las personas potencialmente beneficiarias, sus familias y las entidades del sector puedan valorar adecuadamente el alcance de los anuncios realizados durante la campaña electoral. 

Por ello, desde CEDDD se considera imprescindible que las propuestas dirigidas a la discapacidad, la dependencia y las personas mayores incorporen información clara y verificable sobre el presupuesto asignado, las fuentes de financiación previstas, la población beneficiaria, las administraciones responsables de su ejecución y los indicadores que permitan evaluar sus resultados. 

De los compromisos a los derechos efectivos

La reciente reforma normativa aprobada en octubre de 2026 ya recoge la aportación estatal del 50% al sistema de dependencia. Sin embargo, el verdadero reto no se encuentra únicamente en el reconocimiento legal de determinadas obligaciones, sino en garantizar que los recursos comprometidos se ejecuten adecuadamente y lleguen en igualdad de condiciones a todas las comunidades autónomas. 

La evaluación de cualquier medida debe centrarse en aspectos esenciales como la garantía de derechos efectivos, la suficiencia de los recursos destinados, la accesibilidad de los servicios, la calidad de la atención prestada y la participación de las entidades representativas en el diseño y seguimiento de las políticas públicas. 

Como señala Mar Ugarte, vicepresidenta de CEDDD, “cada compromiso debe decir cuánto dinero tendrá, cuándo llegará y qué atención garantizará. Las familias necesitan apoyos que funcionen, libertad para elegir y profesionales con recursos para cuidar bien”. 

Las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y las personas mayores necesitan respuestas concretas. Más allá de los titulares electorales, resulta fundamental conocer qué apoyos se pondrán realmente a su disposición, cuándo estarán disponibles y con qué garantías podrán acceder a ellos. Ese es el criterio que permitirá valorar el alcance real de los compromisos adquiridos en esta campaña electoral.

Reivindicaciones de CEDDD

  • Financiación finalista y verificable. Reclamamos crédito por ejercicio, objetivo de cobertura, coste de servicio e indicadores públicos. La cofinanciación debe explicar base certificada, ejecución territorial y suficiencia para nuevas prestaciones 
  • Autonomía durante todo el ciclo vital. La dependencia no se limita a mayores. Deben preverse apoyos para niños, jóvenes y adultos, incluidos discapacidad intelectual, autismo, salud mental grave y necesidades complejas. Las medidas de pensiones no sustituyen los apoyos para vivir en comunidad.
  • Elección real de cuidados. Domicilio, asistencia personal, vivienda con apoyos, centros de día y residencias deben responder a necesidades y preferencias. Permanecer en casa exige seguridad, intensidad suficiente, descanso familiar y profesionales; no una transferencia de obligaciones a las mujeres.
  • Pluralidad de entidades. Financiación pública, titularidad y gestión son dimensiones diferentes. Evaluar resultados, capacitación, solvencia, derechos laborales y accesibilidad. Solicitamos que expliquen cómo garantizarán la participación de entidades diversas.
  • Educación con recursos y protección. Asegurar apoyos en todas las modalidades, decisiones informadas de familias y alumnado, prevención del acoso y continuidad hacia FP y empleo. No basta un principio general de inclusión o elección sin personal, accesibilidad y plazas. 
  • Empleo sostenible. Concretar empleo ordinario, empleo con apoyo, CEE, transición voluntaria, adaptación de puestos y compatibilidad de prestaciones sin pérdida abrupta de ingresos. El cumplimiento de reserva no equivale a modificar su porcentaje.
  • Accesibilidad exigible. Considerar dimensiones física, sensorial y cognitiva, lectura fácil, lengua de signos y atención humana. La digitalización y la IA deben incorporar ajustes, supervisión y alternativas presenciales. 
  • Mayores como ciudadanía. Evaluar participación, maltrato, edadismo, vivienda, salud mental y acceso financiero además de pensiones y residencias. La soledad afecta a distintas edades y requiere respuestas comunitarias, sin estigmatizar a quien la vive.
  • Calidad y trabajadores. Las mejoras requieren ratios, cualificación, salarios, estabilidad, supervisión y coordinación sanitaria y social. Un aumento de plazas sin calidad o un aumento de salarios sin financiación de contratos y conciertos puede comprometer la atención.
  • Grandes necesidades de apoyo. Deben precisar atención continuada, ELA y otras enfermedades complejas, productos de apoyo, energía, transporte y compatibilidades. No asimilar toda enfermedad crónica a discapacidad, pero tampoco invisibilizarla cuando genera limitaciones. 

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