- Alerta sobre los posibles efectos negativos en el empleo de las personas con discapacidad debido al gran aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Madrid, 31 de diciembre de 2018. El Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) apoya el acuerdo del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para los presupuestos de 2019, concretamente la subida histórica del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 900 euros brutos mensuales.
No obstante lo anterior, la medida tiene como contrapartida una serie de riesgos que motivan a hacer algunas reservas al respecto. La subida de los actuales 736 euros a 900 euros para el año que viene supone un aumento drástico en el SMI del 22,3% en un solo año. Una subida muy superior a años anteriores (un 4% en 2018, un 8% en 2017 y solo un1% en 2016) y la mayor desde 1980.
Se prevé que este incremento de 164 euros afecte de manera negativa a los colectivos con más dificultades para encontrar empleo, es decir, los jóvenes y las personas menos cualificadas. Siempre que aumenta el SMI, se alerta de la posible destrucción de empleo y de otros riesgos como fomentar la contratación temporal o incluso la economía sumergida.
Uno de los colectivos más vulnerables del mercado son las personas con discapacidad, un colectivo que está caracterizado por una baja participación en el mercado de trabajo y por las discriminaciones que sufren en el acceso al empleo y en los propios centros y puestos de trabajo, por falta de accesibilidad del entorno laboral. Los últimos datos del año 2016, se registró una tasa de paro del 28,6 por ciento (185.200 personas), 9,1 puntos más que la población sin discapacidad.
Unas cifras verdaderamente preocupantes para este colectivo, el cuál no debe ser olvidado por parte del Gobierno y de las Administraciones Públicas. En la actualidad, en España, hay 1.840.700 personas con discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años lo que representa un 5,9% de la población; dichas personas deben ser tomadas en consideración a la hora de establecer medidas de este tipo ya que las mismas inciden directamente en sus complicadas posibilidades de conseguir un empleo. Lo contrario sería abocarlas a la exclusión laboral y social.
En este sentido, tampoco se puede ignorar la afectación a los Centros especiales de empleo, uno de los principales generadores de puestos de trabajo en España para decenas de miles de personas con discapacidad. De hecho, en 2017 se formalizaron en ellos 77.677 contratos. Son, pues, un mecanismo de tránsito hacia el empleo ordinario para las personas con discapacidad con dificultades de inserción en el mercado laboral. Este empleo protegido recibe para su vital actividad, unas ayudas y subvenciones; éstas deben ser actualizadas acorde al nuevo SMI en los Presupuestos Generales del Estado mediante la proporcional subida de la dotación presupuestaria a los Centros Especiales de Empleo.
En definitiva, los incrementos en el SMI son buenas noticias para la economía de los ciudadanos; pero se han de acompañar de todas las medidas necesarias, incluidas las presupuestarias, a fin de que no se deje atrás el empleo de las personas con discapacidad.
