El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia advierte de déficits en recursos, inclusión y acompañamiento que impactan directamente en el bienestar de los menores
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha presentado este 25 de mayo en el Congreso de los Diputados el Estudio Nacional de Satisfacción con el Sistema Educativo español, una investigación de ámbito estatal en la que han participado más de 2.000 familias de todas las Comunidades Autónomas.
El estudio, elaborado en colaboración con la Universidad de Córdoba, a través de la profesora Mila Bascón, y con la participación de la psicóloga Vanesa Pérez Padilla, tiene como objetivo evaluar de forma rigurosa la calidad de la atención educativa, los recursos disponibles y la respuesta del sistema educativo ante el alumnado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo.
El foco: los derechos y el bienestar de los menores
El acto ha sido inaugurado por el presidente del CEDDD, Albert Campabadal, quien ha subrayado que, “aunque el estudio recoge la experiencia de las familias, no debemos perder de vista que el objetivo último es garantizar el bienestar y los derechos de los menores con discapacidad”.
En este sentido, ha destacado que los datos presentados “no son solo indicadores de funcionamiento del sistema, sino reflejo directo de cómo se están protegiendo —o no— derechos fundamentales en el ámbito educativo”.
También ha intervenido el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, Guillermo Hita, quien ha dado la bienvenida al CEDDD al Congreso y ha destacado la importancia de presentar el informe en la Sala Constitucional del Congreso, al tiempo que tendió la mano para que el informe sea también presentado ante la Comisión de Educación que preside.
Asimismo, ha estado presente en la mesa institucional Silvina Funes, doctora en Sociología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, presidenta de la Plataforma de Cuidadoras Principales y representante para la ocasión de las familias participantes, que destacó que “cohabitar no es incluir y especialmente cuando no se dota de los recursos necesarios”. En la misma línea, añadió: “Cuando un hijo o hija presenta una discapacidad no se le debe dejar a que sea imposible su superación personal y familiar”.
La presentación de resultados ha corrido a cargo de Mila Bascón, Mar Ugarte y Vanesa Pérez Padilla. El acto ha sido clausurado por el director de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid, Ignacio Martín.
Evaluación integral del sistema educativo
La investigación parte de la necesidad de contrastar el marco normativo con la realidad cotidiana. A través de una encuesta estructurada y confidencial, se analizan aspectos clave como la elección de centro, la asignación de recursos, la accesibilidad, la adaptación curricular o la calidad de la atención.
Entre los principales ámbitos evaluados destacan:
- Elección de centro escolar
- Inicio del curso y coordinación educativa
- Recursos especializados y apoyos
- Adaptación de materiales
- Accesibilidad e inclusión
- Relación entre familias y centros
- Servicios complementarios
- Una inclusión que no se corresponde con la normativa
Aunque el 75,5% de las familias afirma haber podido elegir el centro educativo, el estudio advierte de que esta percepción está condicionada por el tipo de escolarización, lo que cuestiona la libertad real de elección. “No es la elección la que determina el centro, sino el tipo de centro el que condiciona la elección”, señala el informe.
Los resultados evidencian importantes déficits estructurales:
- 82,51% de las familias ha experimentado dificultades en la asignación de apoyos
- 83,72% denuncia falta de adaptación de materiales o metodología
- 79,79% señala problemas de comunicación con el centro al inicio del curso
- Cerca del 80% percibe falta de formación o sensibilidad del profesorado
Además, el 83,38% de las familias identifica la burocracia como una barrera significativa para acceder a los recursos, reflejando una sobrecarga administrativa que dificulta el ejercicio efectivo de derechos.
Carencias en recursos especializados y apoyos
El estudio revela una cobertura insuficiente de recursos clave:
- Un 27,36% del alumnado no dispone de apoyo de Pedagogía Terapéutica
- El 39,75% carece de profesorado de Audición y Lenguaje
- El 44,31% no cuenta con orientador escolar
- El 48,64% no dispone de monitor o auxiliar
Incluso cuando estos recursos existen, su intensidad es limitada: en muchos casos no superan las tres horas semanales.
Materiales, accesibilidad e inclusión social: déficits generalizados
Las familias también alertan de carencias relevantes en el día a día educativo:
- 79,21% denuncia falta de adaptación de materiales
- 74,98% señala carencias en tecnología adaptada
- 71,72% tiene dificultades para acceder a recursos específicos
En el ámbito de servicios complementarios, el comedor escolar presenta importantes limitaciones: el 64,87% considera insuficiente o inexistente el apoyo, y el 62,63% cree que no se fomenta la inclusión en este espacio.
Asimismo, más del 60% de las familias identifica problemas de accesibilidad en espacios comunes, patios o señalización de los centros.
Impacto en el bienestar familiar y emocional
El informe incorpora también un análisis del impacto del sistema educativo en el bienestar emocional de las familias, señalando factores como la sobrecarga administrativa, la incertidumbre o la falta de participación.
Los datos apuntan a fenómenos como el estrés parental crónico, la sensación de soledad institucional y la percepción de falta de escucha: más del 70% de las familias considera que sus aportaciones no son tenidas en cuenta.
Propuestas y líneas de mejora
Durante el acto, Mar Ugarte ha presentado un conjunto de propuestas orientadas a dar respuesta directa a los déficits detectados en el estudio y a reforzar el enfoque de derechos en el sistema educativo.
Entre las principales líneas de actuación destacan:
- Refuerzo de los recursos especializados, mediante el establecimiento de ratios mínimas garantizadas a nivel estatal de profesionales (PT, AL, orientadores y personal técnico de apoyo), vinculadas al número real de alumnado con necesidades específicas.
- Financiación finalista y evaluable, con partidas específicas destinadas a la atención a la discapacidad y condicionadas a indicadores verificables de cumplimiento.
- Garantía de continuidad en los apoyos, evitando la rotación constante de profesionales que interrumpe los procesos educativos.
- Marco estatal común de derechos mínimos, que asegure una aplicación homogénea de la normativa en todas las comunidades autónomas.
- Refuerzo de la libertad de elección educativa, garantizando que las familias puedan optar entre las distintas modalidades de escolarización sobre la base de una evaluación individualizada.
- Impulso de la participación efectiva de las familias, mediante canales de mediación, reclamación y acompañamiento.
- Mejora de la transparencia, con sistemas de evaluación periódica e indicadores públicos de cumplimiento.
- Fortalecimiento del papel del tercer sector, promoviendo la participación de entidades sociales en los órganos de decisión.
El CEDDD subraya que estas propuestas buscan avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, accesible y coherente con los derechos reconocidos, situando en el centro al alumnado con discapacidad y su bienestar.
El acto fue clausurado por Ignacio Martín Blasco, director general de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid., que destacó la importancia de que el estudio se haya realizado en el ámbito nacional, “porque nos pone en la tesitura a las comunidades para hablar de familias sin más”. Y añadió: “nos muestra además que hay una enorme distancia entre lo que dice la ley y lo que pasa en las aulas cada mañana”.
“Cada discapacidad es diferente y la verdadera inclusión pasa por darle a casa persona una respuesta a sus necesidades”, manifestó Martín Blasco. Reconoció que “no podemos esperar una especialización en cada discapacidad, pero sí al menos una formación inicial para los profesores y la ley actual no la contempla”.
CEDDD es la asociación más transversal, libre y accesible por la defensa de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como las personas mayores.
