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CEDDD
1 de junio de 2026

CEDDD propone blindar por ley los apoyos educativos mínimos para garantizar una inclusión real

dos hombres y una mujer en un mesa de una sala institucional

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia insiste en que la educación inclusiva en España necesita una reforma estructural basada en evidencia, financiación adecuada y mecanismos de supervisión efectivos, situando en el centro al alumnado con discapacidad y sus familias.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha presentado un paquete de medidas estructurales para garantizar el cumplimiento efectivo de la educación inclusiva en España, con el objetivo de convertir los derechos reconocidos por la LOMLOE en garantías reales, medibles y exigibles.

Las propuestas se han elaborado tras el Estudio Nacional de satisfacción con el sistema educativo, impulsado por CEDDD en colaboración con Mila Bascon, profesora de la Universidad de Córdoba, y Vanesa Pérez Padilla, psicóloga, y que recoge la experiencia directa de las familias. El acto de presentación del documento, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo en el Congreso de los Diputados, está disponible desde hoy para su visualización en el canal de YouTube de CEDDD.

Aunque los resultados ya son conocidos, algunos datos reflejan la magnitud del reto: más del 82% de las familias ha tenido dificultades en la asignación de apoyos y más del 83% denuncia falta de adaptación educativa, evidenciando la necesidad urgente de actuar con medidas estructurales.

Ante esta situación, CEDDD plantea seis grandes ejes de actuación orientados a transformar el sistema:

1. Blindar por ley una dotación mínima de recursos

Establecer un suelo estatal obligatorio de profesionales especializados, con ratios vinculadas al número real de alumnado con necesidades:

  • PT, AL, orientadores y personal técnico educativo (PTIS)
  • Profesionales sanitarios y de apoyo conductual

Además:

  • Financiación finalista y evaluable, no desviable a otros fines
  • Indicadores de cumplimiento (horas de apoyo, estabilidad de profesionales)
  • Garantía de continuidad, evitando rotaciones que rompen procesos educativos

2. Garantizar la equidad territorial

Para acabar con las diferencias entre comunidades autónomas, se plantea:

  • Un marco estatal de mínimos exigibles
  • Un observatorio independiente de seguimiento
  • Fondos específicos para territorios con menos recursos

3. Condicionar la inclusión a la existencia de apoyos reales

CEDDD advierte de que la inclusión debe ser efectiva y centrada en el menor:

  • Evaluación multidisciplinar obligatoria previa
  • Informes motivados y participación real de las familias
  • Libertad de elección de modalidad educativa
  • Mecanismos de revisión si la inclusión no resulta adecuada

4. Reforzar el papel de las familias

Se proponen medidas para garantizar su protagonismo, como:

  • Carácter vinculante en decisiones críticas
  • Oficinas independientes de mediación especializadas
  • Información clara y acompañamiento institucional

5. Medir, publicar y rendir cuentas

El modelo debe basarse en datos:

  • Institucionalizar el estudio como herramienta periódica
  • Crear indicadores públicos de cumplimiento
  • Obligar a las administraciones a responder ante desviaciones

6. Integrar a representantes de todo el sector social en las decisiones

CEDDD reclama:

  • Participación estructural en órganos educativos
  • Convenios estables de colaboración
  • Reconocimiento del conocimiento experto de las entidades

Para CEDDD, “los datos reflejan una realidad clara: el sistema no está garantizando los apoyos necesarios”. Por ello, para el Consejo “es el momento de pasar de los principios a las garantías, con recursos, control y responsabilidades”.

En esta línea, el Consejo insiste en que la educación inclusiva en España necesita una reforma estructural basada en evidencia, financiación adecuada y mecanismos de supervisión efectivos, situando en el centro al alumnado con discapacidad y sus familias.

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