El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia reitera la necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que garantice estabilidad, equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), en línea con la práctica totalidad de entidades del sector social, valora positivamente la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia.
Sobre el papel, la nueva norma supone un cambio significativo en la concepción de los cuidados, al reforzar la autonomía personal, la vida independiente, la accesibilidad y la atención basada en los derechos de las personas. Entre las principales novedades, CEDDD destaca la universalización de la teleasistencia, la ampliación de la asistencia personal, la compatibilidad de prestaciones y servicios, el reconocimiento de nuevos modelos de cuidados y el refuerzo de la accesibilidad universal como derecho exigible.
En la misma línea, el Consejo considera positivo el esfuerzo realizado para fortalecer el sistema mediante el blindaje de la financiación estatal y la aportación extraordinaria de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 aprobada por el Consejo de ministros en el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, una reivindicación largamente defendida por el conjunto del sector.
Sin embargo, CEDDD recuerda que la aprobación de una ley y el incremento de recursos no garantizan por sí solos la transformación efectiva del sistema ni es suficiente.
En palabras de la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte, “ahora comienza la parte más importante: convertir los derechos reconocidos en derechos efectivos y medibles para las personas”.
El Consejo advierte de que el sistema sigue arrastrando importantes desafíos estructurales, entre ellos las listas de espera, las desigualdades territoriales en el acceso a prestaciones y servicios, la necesidad de desarrollar nuevos recursos de apoyo, la falta de profesionales y la mejora de las condiciones laborales en el ámbito de los cuidados.
“El papel lo aguanta todo”, sostiene la vicepresidenta de CEDDD y luego, añade: “lo imprescindible ahora es que el despliegue de la reforma vaya acompañado de mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación que permitan comprobar el impacto real de las medidas aprobadas sobre la reducción de los tiempos de espera, la calidad de la atención, la implantación de los nuevos servicios y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por la ley”.
Pese al reconocimiento a la reforma de ambas leyes, CEDDD reitera la necesidad de avanzar hacia un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que garantice estabilidad, equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo, evitando que la atención a las personas dependa de los cambios de ciclo político o de las diferencias entre comunidades autónomas.
La organización mantiene igualmente que España debe seguir avanzando progresivamente hacia una inversión en dependencia cercana al 2% del PIB, con el fin de responder adecuadamente al envejecimiento de la población, al aumento de las necesidades de apoyo y a los nuevos derechos que incorpora la reforma.
Por último, CEDDD seguirá defendiendo que el desarrollo normativo preserve la libertad de elección de las personas y la pluralidad de recursos y modelos de atención, así como la seguridad jurídica de todos los agentes que forman parte del sistema, incluidos los Centros Especiales de Empleo.
“La reforma abre una oportunidad relevante para modernizar el sistema; ahora debemos garantizar que las expectativas generadas se traduzcan en mejoras tangibles para las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias”, concluye Mar Ugarte.
CEDDD es la asociación más transversal, libre y accesible por la defensa de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, así como las personas mayores.
